13/11/20

Para la suba en los servicios públicos en Salta

La Justicia instó al Ente Regulador a cumplir con las audiencias

La decisión es consecuencia de un amparo colectivo que se presentó una asociacion de defensa del consumidor por los incrementos en los servicios de luz durante el 2018, sin convocatoria a los usuarios.



La Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial de Salta requirió al Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP) a cumplir estrictamente con la normativa en las audiencias públicas dispuestas para la suba en los servicios públicos.

La decisión es consecuencia de un amparo colectivo que se presentó desde Protectora, una asociacion de defensa del consumidor, por los incrementos en los servicios de luz durante el 2018.

El representante de la asociación civil, Nicolás Zenteno dijo que el fallo dispuesto por el juez Marcelo Ramón Domínguez es una "ratificación de que estábamos en lo cierto". En el 2018, la organización había presentado un amparo colectivo que pedía que se declare la nulidad de las resoluciones del ENRESP 730/18; 833/12 y sus modificatorias por no haberse realizado audiencias públicas previo al incremento tarifario. También se demandó al Ente por incumplimiento en el proceso.

Además, en el mismo amparo se instaba a que los incrementos que ya habían facturados debían ser reintegrados a los usuarios. En este último punto, Domínguez no dio lugar al requerimiento y declaró, el 27 de octubre de este año, "la abstracción del proceso" por la demora en el tiempo.

Sin embargo, el fallo sí requirió al ENRESP el "estricto cumplimiento a la normativa que rigen el proceso de participación ciudadana, independientemente de la denominación adoptada para los nuevos conceptos y aún cuando no produzcan pérdidas ni beneficios, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

La decisión se basa en el fallo del Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) que promovió en el 2016 una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM). Allí se estableció que cada vez que exista un aumento en las tarifas se de lugar a audiencia pública en virtud del precepto constitucional de la participación de los ciudadanos.

Por su parte, el actual presidente del ENRESP, Carlos Saravia dijo que entiende que "hay que avanzar en las audiencias públicas" y por lo tanto, se hará lugar a lo dispuesto por la Justicia.

En ese sentido, contó que se está armando un Consejo de Usuarios integrado por miembros de organizaciones en defensa del consumidor. "Antes (al Ente) lo consideraban un árbitro entre las empresas y el usuario, pero el Ente tiene que defender al usuario", consideró. Aseguró que la prioridad es que se hagan las audiencias públicas y que la discusión se de en el temario establecido.

Zenteno explicó que en Salta no se venía efectuando correctamente las instancias de participación y que se incurría directamente en "un sistema de actualización de costos" anuales y que aplicaba una revisión de tarifas cada 5 años.

De igual manera, no negó que hayan existido audiencias durante la gestión anterior, pero contó que el organismo sacaba resoluciones dando aviso de las instancias con una determinada fecha y hora, pero que por las disposiciones de tiempo era "imposible que se hagan contrastes" con lo presentado por las prestadoras.

"Todo resultaba una puesta en escena para que justifiquen el aumento a favor y se veía que el Ente actuaba como socio de las empresas y no en favor de los usuarios", cuestionó Zenteno.

Por ejemplo, para la actualización del cuadro tarifario de EDESA correspondiente a mayo del 2017, se emitió la resolución del ENRESP 500/17 donde se mantiene la vigencia del "Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario", y de la “Metodología de Actualización de Costos del Servicio”, aprobados bajo la resolución del ENRESP 833/12. Para determinar las tarifas, se va en línea con el contrato de concesión que determina que el régimen y cuadro tarifario serán revisados a los 5 años del contrato y a partir de esa fecha, cada 5 años.

Para ese entonces estaba al frente de la entidad Jorge Manuel Figueroa Garzón, quien según el representante de la asociación estaba "mal asesorado o no sabía nada". En una de las presentaciones que realizaron desde la organización, Zenteno contó que obtuvieron la respuesta del organismo y que en ella se dejó asentado que "no era necesario" la audiencia.

Estas afirmaciones, que luego se trasladaron a hechos, gozaban de un incumplimiento al orden jurídico o inclusive al artículo 42 de la Constitución Nacional que habla de los derechos de los consumidores.

Con el fallo del juez Dominguez, se da lugar a que las audiencias contemplen una etapa de información, un debate, una instancia de impugnación y recién la participación de la ciudadanía. Además, la empresa tiene que fundamentar cada uno de los datos que se expongan en las ponencias vertidas.

Para Zenteno, no cumplir con las normativas por parte del ENRESP provoca consecuencias directas en los usuarios. "Si hay un aumento descomunal, ahí puede tener una responsabilidad seria porque está haciendo un mal análisis del costo" y "si el Ente da menos de lo que piden las empresas, estamos en la peligrosidad de que exista una mala prestación del servicio", ejemplificó.

Por eso, consideró que el Ente tendrá que reforzar los controles y contar con la ayuda de las asociaciones para hacer saber a la ciudadanía qué es lo que piden las empresas y cuáles son las estructuras de costo que mantienen cada una de ellas.

A la espera de Nación

Los aumentos en los servicios públicos no sucedieron este año a causa de la pandemia aunque las empresas prestadoras ya hayan planteado una necesidad de aumento. Carlos Saravia dijo que en mayo debieron producirse las actualizaciones en el suministro de energía eléctrica pero quedó suspendida por directivas de los gobiernos nacional y provincial.

"El servicio sigue congelado", aseguró Saravia, quien contó que según Edesa, estiman una pérdida mensual de 170 millones de pesos por la falta de incremento. Sin embargo, se está a la espera de la aprobación del presupuesto 2021 que contempla que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que regula a las empresas de todo el país, puedan negociar las deudas con la Secretaría de Energía de Nación.

"Todavía resta saber si van a quedar absorbidas, pero eso alivianaría a la provincia", destacó Saravia. En ese sentido, dijo que se debe instar a los legisladores nacionales de Salta para que trabajen en esa dirección. Aseguró que cuando el gobierno nacional y provincial dispongan aumentos, recién se dictaminarán.

Fuente: Página 12