Por Antonio Rossi
La movida iniciada por el grupo italiano Enel, holding dueño de Edesur y la represa El Chocón, para demandar al país ante el CIADI por los supuestos perjuicios económicos que habrían sufrido sus empresas desde la salida de la convertibilidad, generó un combo de reacciones de alerta, preocupación y rechazo entre especialistas energéticos y antiguos reguladores del sector eléctrico.
Tal como contó en exclusiva Letra P, el primer paso para llevar sus reclamos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue el envío de una nota al presidente Javier Milei en la que le solicita una negociación oficial destinada a alcanzar un acuerdo económico por las pérdidas que aduce haber registrado en los últimos 24 años por cambios contractuales y congelamientos tarifarios.
Tras la recepción de la nota remitida el 16 de julio por la casa matriz romana de Enel, comenzó a correr un plazo de seis meses para que el Gobierno responda. Si no lo hace, a mediados de enero del próximo año, el grupo italiano tendrá el camino liberado para ir al tribunal internacional a denunciar al Estado por el incumplimiento de tratado de protección de inversiones extranjeras.
Para el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, la controversia planteada por Enel resulta “inoportuna, inconveniente y negativa para ambas partes y los usuarios”.
“El origen político del problema viene de las privatizaciones arbitrarias realizadas en los 90, cuando se concesionaron las centrales hidroeléctricas con tarifas dolarizadas muy altas que luego se vieron recortadas y pesificadas con la caída de la convertibilidad”, agregó el actual titular del Instituto Mosconi.
“El gobierno anterior y el actual no atendieron esta cuestión y tampoco convocaron a especialistas y académicos para encontrar una solución anticipada al problema", lamentó Lapeña y planteó: "Ahora una salida posible sería una negociación racional y razonable que evite llegar a una situación litigiosa y sea conveniente para todos”.
Giorgia Meloni y el caso AES
El expresidente de YPF Daniel Montamat consideró que “la decisión de Enel puede estar basada en una táctica de negociación en función del reciente fallo favorable del CIADI que obtuvo la empresa AES, que opera una de las centrales hidroeléctricas del Comahue”.
El antiguo titular de Energía destacó que “tanto para la actual administración como para el país no sería para nada una buena noticia que Enel inicie un nuevo juicio basándose en el tratado de protección de inversiones extranjeras que fue suscripto en los 90”.
Montamat advirtió que la movida de Enel genera ruido con lo que pueda pasar con la relación estratégica y especial que el presidente Milei mantiene con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni y con el proceso de venta de Edesur que tenía en curso el grupo europeo.
Uno de los motivos que precipitaron la decisión de Enel de tomar la vía del CIADI fue el fallo a favor que obtuvo AES, el grupo norteamericano controlante de la central hidroeléctrica de Alicurá y otras generadoras eléctricas privatizadas en los años 90.
El proceso arbitral de AES se inició en 2002 y estuvo suspendido entre 2006 y 2019 por intentos de acuerdos que no prosperaron. Finalizó el 30 de mayo pasado con una resolución que ordena al Estado argentino el pago de una suma total de u$s 824 millones en concepto de daños, honorarios legales e intereses acumulados.
La demanda de AES se focalizó en que, después de la crisis de 2001, los gobiernos sucesivos violaron los contratos vigentes desconociendo las tarifas que estaban dolarizadas, retrasando actualizaciones de precios y obligando a las empresas a destinar sus acreencias con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) a la construcción de nuevas centrales térmicas.
Reclamo global del dueño de Edesur
Con este antecedente, Enel buscaría hacer un reclamo que englobe a todas sus participaciones actuales en Edesur, El Chocón y a las transportistas CTM, TESA y Yacylec y a las que tuvo hasta febrero de 2023 en las usinas térmicas Costanera y Dock Sud.
Para el ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Marcos Rebasa, en el caso de Edesur, Enel "no tendría ningún elemento para reclamar ante el CIADI porque ha mantenido una política constante de incumplimiento de sus obligaciones contractuales”.
El fundador del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) destacó que “la falta de tarifas no es una justificación para recurrir a CIADI porque la concesión de Edesur es de 99 años y para eso debe contar con una espalda económica y financiera suficiente a lo largo de este período".
"Como la concesión no ha terminado y tiene continuidad, se le debe exigir la realización de inversiones para que preste un servicio en buenas condiciones a todos sus usuarios”, argumentó Rebasa.
El caso de la hidroeléctrica
En el caso de El Chocón, Rebasa reconoció que “hubo congelamientos tarifarios que habilitarían un reclamo ante el tribunal internacional, siempre y cuando no sea una extorsión al Gobierno para seguir operando esa hidroeléctrica”.
En cuanto a las hidroeléctricas, el experto relativizó los argumentos de Enel al señalar que “todas las generadoras que tenían acreencias con Cammesa aceptaron la creación del fondo Foninvemem para que se les pagara con acciones y las ganancias de las nuevas centrales que se construyeron con este mecanismo”.
A su vez, el ex interventor del ENRE Walter Martello destacó que “desde una perspectiva técnica y regulatoria, el planteo de Enel debe ser tratado con máxima seriedad, dado que constituye el paso previo a un arbitraje internacional bajo un tratado bilateral de inversiones”.
Martello consideró que, ante esta situación, “el Estado debería responder en tiempo y forma para abrir un canal de negociación que permita evaluar el reclamo en detalle y ponderar alternativas que resguarden tanto el interés público, como la estabilidad del sistema eléctrico”.
Nota Editada en LetraP
