Por Antonio Rossi
La decisión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de hacerse cargo de la modernización del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) que dio de baja Javier Milei reeditará la pelea interna entre las empresas constructoras que, ante la desaparición de las obras públicas nacionales, bajan a las provincias.
Mientras se espera la apertura del nuevo proceso licitatorio para adjudicar la reconstrucción y ampliación de la pista de la terminal aérea rosarina, en el sector de la construcción ya se anticipa una nueva disputa.
Por un lado, están las empresas santafesinas que buscan quedarse con el contrato. Por otro, las compañías especializadas en infraestructura aeroportuaria sostienen que sólo deberían participar aquellas con antecedentes en obras de igual magnitud y características técnicas.
Maximiliano Pullaro, en la encrucijada
Para evitar la polémica registrada en la convocatoria que anuló la administración mileísta, fuentes del sector dijeron a Letra P que la provincia debería cambiar el mecanismo licitatorio utilizado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y establecer de manera clara los requisitos técnicos, legales y económicos que, en sintonía con los parámetros y las normas de seguridad internacionales, tendrán que acreditar las empresas oferentes.
En la licitación fallida, el ente regulador nacional implementó el esquema de un único sobre que concentró los antecedentes técnicos y patrimoniales y las propuestas económicas de los oferentes.
Al no haber puesto un primer filtro de antecedentes y experiencia en obras similares, aparecieron ofertas con precios muy dispares que dieron lugar a un cruce de observaciones y cuestionamientos entre las cinco contendientes: Guerechet, Lemiro Pietroboni, Vial Agro y las UTE de Rovella Carranza-Rovial y Obring-Milici-Edeca.
Las ofertas presentadas por las dos UTE fueron impugnadas por las restantes oferentes con el argumento de que eran “temerarias” por haber quedado más de un 20% por debajo de presupuesto oficial y no cumplir con los requisitos legales y técnicos.
A mediados de julio, el ORSNA tenía en curso un dictamen que descalificaba las ofertas cuestionadas y ordenaba seguir adelante con las restantes. Pero, tras recibir una contraorden de la Casa Rosada, procedió a dar de baja la licitación que contaba con un presupuesto oficial de $ 41.616 millones y una financiación conjunta acordada entre la Nación y Santa Fe.
La caída de la licitación que dispuso la gestión libertaria viene precedida de una interna fuerte en el directorio del Aeropuerto de Rosario, en la que tuvo que intervenir el mandatario provincial, y a la que ahora se suma la lectura política de quienes entienden que se trata de suerte de represalia de Milei por el perfil opositor y los cuestionamientos que esgrime Pullaro junto con otros gobernadores que hasta hace algunos meses eran considerados aliados.
La pelea con los gobernadores
La tensión se agravó cuando los mandatarios provinciales lograron aprobar en el Senado la sanción de los proyectos de ley tendientes a coparticipar de manera directa y automática los recursos del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y a reconfigurar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos (ICL).
En este caso, el proyecto aprobado contempla la eliminación de los fondos fiduciarios que se alimentan total y parcialmente con la recaudación de ese gravamen y la modificación de los coeficientes de distribución.
Actualmente, sólo les llega a los gobernadores el 10,4% de lo que ingresa por ICL. El cambio propuesto eleva este porcentaje al 57,02% y dispone que el monto total se reparta un 25% en partes iguales entre todas las provincias y Ciudad de Buenos Aires y el 75% restante, tomando en cuenta los parámetros fijados en la ley de coparticipación.
Carteles, escrache y obras públicas
Además de la pelea fiscal, lo que también provocó la reacción de Milei fueron los carteles con fondo rojo que mandó a instalar Pullaro en las rutas nacionales de Santa Fe que están deterioradas y en mal estado por la motosierra libertaria que paralizó las obras de reparación y mantenimiento de Vialidad Nacional y la estatal Corredores Viales.
Con los carteles instalados en las rutas 9, 33 y la A 012, el gobierno santafesino salió a escrachar indirectamente a Milei y a advertir a las personas usuarios que el arreglo de estas arterias de circulación vial, en condiciones pésimas, le corresponde al Estado Nacional.
Tras la caída de la licitación, las autoridades santafesinas salieron rápidamente a garantizar la ejecución y financiación de las obras que están destinadas a elevar el nivel operacional del Aeropuerto Internacional de Rosario para que pueda recibir vuelos internacionales con aviones de mayor porte.
La pista actual permite operar aviones de hasta 180 pasajeros y cuando concluya su ampliación y mejora, podrán aterrizar y despegar aeronaves de hasta 350 pasajeros.
Aeropuerto con características particulares
El AIR tiene la particularidad de que no forma parte de la red de terminales aéreas que opera Aeropuertos Argentina, la concesionaria privada que controlada el Grupo Eurnekian, ni de las estaciones del interior que administra London Supply.
A igual que la terminal de Sauce Viejo, el AIR esta bajo la órbita y administración del Gobierno provincial de Santa Fe.
El paquete de obras abarca la reestructuración completa del pavimento de los 3.100 metros de pista principal, franjas de seguridad nuevas, la instalación integral de un sistema de balizamiento con tecnología LED de última generación y una serie de mejoras en materia de señalización, calles de rodaje y zonas operativas periféricas.
Según el cronograma original, la reconstrucción de la pista debía arrancar en los primeros días de setiembre. Si ahora la provincia acelera los plazos y no aparecen trabas administrativas o judiciales, las obras –que implicarán el cierre del aeropuerto por casi cuatro meses- podrían llegar a adjudicarse en las últimas semanas del año.
Nota Editada en LetraP
