Por Antonio Rossi
La reprivatización de las usinas hidroeléctricas del Comahue le reportará al Gobierno de Javier Milei una recaudación inicial de u$s 642 millones y otra adicional a definir la próxima semana que no bajará de u$s 42 millones. De esta manera, la gestión libertaria se encamina a embolsar u$s 684 millones que le permitirá mejorar las cuentas públicas y seguir manteniendo la senda de superávit fiscal.
Los ochos grupos oferentes que llegaron a la instancia final del proceso licitatorio presentaron un total de 19 ofertas para quedarse con las concesiones de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila por un plazo de 30 años.
Tres de las cuatro represas en juego ya tienen definidos los nuevos concesionarios que presentaron las ofertas más altas. En tanto, la pelea por la usina restante se dirimirá en un repechaje entre las dos mejores ofertas que tienen una diferencia inferior al 10%.
La hidroeléctrica Piedra del Águila -la más grande de las que salieron a licitación con una potencia instalada de 1.440 MW- quedó en manos de su actual concesionario: el grupo Central Puerto.
Este grupo tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Inicialmente también integraba el grupo Nicolás Caputo. Pese a que en varias ocasiones indicó que se había desvinculado, en el sector energético aún se lo menciona como un actor de peso en las inversiones de la empresa. Su oferta de u$s 245 millones superó a las presentadas por los otros tres competidores que ofrecieron pagar entre u$s 170 millones y u$s 205 millones.
Por su parte, la central Alicurá -que posee una potencia instalada de 1.050 MW- tuvo seis interesados y el ganador fue Edison Inversiones con una oferta de u$s 162.040.000.
Se trata del grupo local encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss -con vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo- que a principios de año irrumpió en el negocio eléctrico con la compra de las distribuidoras de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa (Potrerillos). Entre sus accionistas también figuran los empresarios Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai y Carlos Giovanelli.
A su vez, la represa de El Chocón -que tiene una potencia instalada de 1.200 MW más 128 MW del dique compensador de Arroyito- fue a manos de BML Inversora, con una oferta de u$s 235,6 millones que superó a las presentadas por otros cinco oferentes.
La sociedad ganadora pertenece al grupo MSU, que comanda el empresario Manuel Santos Uribelarrea, que desde el sector agropecuario saltó en la última década a los negocios de energía eléctrica. Hace cuatro meses había adquirido la controlante de Cerros Colorados a la empresa Aconcagua Energía.
En el caso de Cerros Colorados -que cuenta con una potencia instalada de 472 MW- aparecieron seis ofertas y como la diferencia entre las dos primeras no superó el 10%, ahora habrá una segunda vuelta para que los contendientes mejoren sus propuestas.
La disputa quedó planteada entre Edison Inversiones -que presentó una oferta por u$s 38 millones- y BML Inversora, que ofreció pagar u$s 41,6 millones.
Según las reglas licitatorias, las mejoras de ofertas deberán ser presentadas dentro de un plazo de 2 días hábiles contados a partir de la notificación cursada por la Comisión Evaluadora.
Las propuestas mejoradas deberán entregarse de manera simultánea, en sobre cerrado, y a través del sistema Contrat.Ar. En caso de que los oferentes no hicieran uso de esa opción de mejora, la usina en juego quedará para el que haya elevado la oferta económica más alta.
Traspaso, obras y recargos tarifarios
De no haber impugnaciones ni contratiempos administrativos, la intención del Gobierno es que los nuevos concesionarios se hagan cargo de las cuatro centrales antes de fin de año.
Para la reprivatización de las centrales que ya habían sido concesionadas por 30 años a mediados de los 90 durante la gestión menemista, se conformaron cuatro sociedades anónimas —una por cada represa— con el fin de facilitar la transferencia directa de las acciones y los contratos de operación hasta 2056.
Los pliegos de bases y condiciones establecieron que los oferentes debían acreditar activos superiores a u$s 300 millones y un patrimonio neto no menor a u$s 150 millones.
El proceso excluyó expresamente a entes o compañías estatales, tanto locales como extranjeras, y tampoco contempló la implementación de un programa de propiedad participada (PPP) que permita a los trabajadores acceder a una porción minoritaria de acciones.
Antes de que se cumplan los dos primeros años de operación, los nuevos concesionarios tendrán que presentar un plan integral de obras y recambio de equipos que luego ejecutarán a lo largo de la concesión para que las hidroeléctricas estiren su vida útil por otros 30 años más a partir de 2056.
Hasta 2028, los nuevos operadores deberán destinar el 95% de la energía generada a las distribuidoras eléctricas a un precio fijo en dólares; mientras que el 5% restante lo podrán vender de manera directa a los grandes usuarios o al mercado mayorista. A partir del tercer año de la concesión, el porcentaje de venta regulada se reducirá de manera progresiva hasta quedar eliminado en 2046.
Para conseguir el apoyo de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, la administración libertaria incluyó en las nuevas concesiones el pago de tres fuentes de ingresos para las cajas provinciales: – un canon por el "uso de agua" equivalente al 2% de la recaudación; –otro canon del 2% destinado a la AIC; – y regalías equivalentes al 12% de las ventas de energía.
Además, habrá un nuevo recargo tarifario que afrontarán usuarios de todo el país para una serie de obras en las presas de Arroyito y Portezuelo Grande que un fallo de la Corte Suprema de 2009 le ordenó realizar al Estado nacional y que hasta ahora no se han concretado.
Fuente: iProfesional
