Por Antonio Rossi
Ante el temor de que no aparezcan interesados y de que fracase la licitación como sucedió con la hidrovía, el presidente Javier Milei y el ministro Toto Caputo flexibilizarán requisitos técnicos y económicos fijados para la privatización de las rutas nacionales con peaje y ofrecerán una garantía estatal contra el congelamiento de tarifas.
Además de habilitar la participación de empresas no constructoras que presenten un aval de una compañía aseguradora, los cambios en las condiciones de licitación contemplan la creación de un fondo de garantía.
Este mecanismo busca resguardar los ingresos de las futuras concesionarias frente a un eventual congelamiento tarifario o demoras en la actualización de los peajes que deberá afrontar la ciudadanía.
Las modificaciones en el esquema de privatización de las rutas nacionales fueron confirmadas durante una transmisión del streaming libertario Carajo por Martín Maccarone, quien se presenta como secretario coordinador de Infraestructura. Hasta el momento, no existe un documento oficial que respalde su designación en el organigrama del equipo económico que encabeza Caputo.
Privatización y el "club de la obra pública"
El nuevo plan para la privatización de las rutas no exigirá requisitos técnicos específicos para competir en las licitaciones y cualquier compañía podrá participar sin necesidad de demostrar experiencia en obras viales.
“Si viene Mercado Libre o Cargill y desea participar por una ruta, podrá hacerlo. El Estado sólo le exigirá un seguro de caución equivalente al 30% del monto total de la obra", graficó Maccarone y anticipó: "Con esto vamos a romper el 'club de la obra pública' y la que va a decir qué empresa puede o no participar será la compañía de seguro”.
A esto se suma el uso del Fondo de Garantías Argentino (Fogar) para apuntalar las inversiones si no se aplican en tiempo y forma los ajustes de peajes previstos en los contratos.
“Si el Estado impide los aumentos tarifarios según la inflación o el índice específico que se tome como referencia, el fondo de garantía cubrirá los montos afectados para que las concesionarias puedan devolver los préstamos tomados para mejorar las rutas”, señaló el funcionario blue que proviene de grupo constructor Maccarone.
Los cambios en los pliegos licitatorios se definieron luego de que varias constructoras advirtieran al Gobierno que bancos y fondos de inversión no están dispuestos a financiar la ejecución de las obras obligatorias incluidas en el esquema de concesión.
Desde el sector vial también alertaron a funcionarios de Economía y Transporte que la mayoría de los 9.155 kilómetros de rutas que se busca privatizar no registran un nivel de tránsito suficiente como para cubrir, a través del cobro de peajes, el conjunto de obras exigidas.
Cuestionamientos del Círculo Rojo
Hace dos semanas, y tras expresar su preocupación por la disolución de Vialidad Nacional -medida que por el momento se encuentra frenada por la Justicia-, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, sostuvo que “la inversión privada que busca el Gobierno sólo resulta viable para un porcentaje minoritario de obras, como los accesos más transitados a las grandes ciudades”.
Respecto del resto de las rutas incluidas en el nuevo esquema de concesiones, Weiss advirtió que “sólo una pequeña fracción podría llegar a financiarse con tarifas de peaje que permitan cubrir las inversiones privadas en obras y mantenimiento, algo que los bancos, por ahora, no están entusiasmados en respaldar”.
A las dificultades de financiamiento se suma otro factor que podría desalentar la participación de oferentes: las inversiones obligatorias que deben ejecutarse en los primeros dos años de contrato.
Según estimaciones técnicas de Vialidad Nacional, las futuras concesionarias deberían destinar unos u$s 1.200 millones a las obras de "puesta en valor de las rutas". Sin embargo, los cálculos de las constructoras elevan esa cifra a u$s 3.500 millones, debido al deterioro acumulado por años de abandono estatal.
De acuerdo con el análisis de las empresas del sector, este nivel de inversión resulta inviable de cubrir con crédito en el actual escenario económico, marcado por tasas de interés elevadas y un riesgo país por encima de los 750 puntos básicos.
Más cabinas de peaje
Tal como contó Letra P, el esquema de concesiones viales que armó la gestión mileísta prevé incrementar en un 135% la cantidad de estaciones de peajes.
A las 40 cabinas que existen actualmente en la red de rutas concesionadas se agregarán 54 nuevas, con lo cual se deberá pagar peaje cada 97 kilómetro de recorrido.
Los puntos principales de los pliegos de bases y condiciones establecen:
- Las concesiones abarcarán las tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales.
- Una vez que se hagan cargo de los tramos en juego, las operadoras privadas podrán reubicar las estaciones de peaje existentes y solicitar la instalación de nuevas.
- Las concesionarias sólo estarán obligadas a mantener la infraestructura actual existente cumpliendo con la realización de tres tipos de obras: Iniciales de Puesta en Valor, Obligatorias y de Rehabilitación.
- Entre los negocios colaterales que podrán encarar se encuentran: centros comerciales; farmacias; paradores de camiones; lavaderos de vehículos; hotelería; cajeros automáticos; confiterías; restaurantes; estaciones de servicio; depósitos fiscales y equipos de telecomunicaciones.
- Para conseguir financiación para las obras, las concesionarias podrán ceder en garantía hasta un 70% de los ingresos que recauden por peajes y negocios complementarios.
- Los contratos que se vean afectados por la ruptura de la ecuación económica y financiera serán corregidos con una renegociación que podrá incluir ajustes en los peajes, el diferimiento o supresión de inversiones, nuevas explotaciones colaterales y hasta una compensación directa proveniente de fondos del Tesoro Nacional y de otros recursos públicos disponibles.
Hasta ahora, el proceso licitatorio más adelantado y que tiene una fecha cierta para recepción de ofertas es el correspondiente a la Etapa I del sector vial.
Comprende los tramos Oriental, integrado por la autovía del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14 y el ingreso al límite fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana, y Conexión, que engloba los caminos de accesos y el puente Rosario-Victoria.
Los dos tramos totalizan 740 kilómetros de los 8.800 km que conforman la red de rutas nacionales con peaje operados por la estatal Corredores Viales que aún no salieron a licitación.
Si no hay una nueva prórroga, las ofertas por las primeras concesiones viales de la gestión libertaria deberían abrirse el 8 de setiembre.
Nota Editada en LetraP
