Por Antonio Rossi
Junto con el recorte de las bonificaciones tarifarias del régimen de zona fría, el paquete de medidas energéticas que Javier Milei remitió al Congreso contiene un millonario beneficio para Edenor y Edesur y un virtual aval legislativo para que el Gobierno elimine por completo y en cualquier momento los subsidios de luz y gas que mantienen los usuarios residenciales.
Para los subsidios gasíferos del régimen de zona fría, el proyecto de ley enviado a la cámara de Diputados conserva el descuento del 50% en el valor del gas solo para los beneficiarios originales que son alrededor de 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Para los restantes 3,1 millones de hogares del resto del país que habían sido incorporados hace cinco años, se plantea un fuerte recorte para dejar en pie solo a aquellos casos que se encuadren dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que prevé mantener la asistencia económica estatal solo para las familias cuyos ingresos netos no superan el valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT).
Financiado inicialmente con un recargo del 4,46% sobre el valor del gas, el esquema tarifario especial de zona fría fue creado hace más de dos décadas para cubrir únicamente a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
En 2021, tras un proyecto impulsado por el entonces diputado Máximo Kirchner y técnicos energéticos de La Cámpora, la gestión albertista extendió los beneficios a más de 3,1 millones de hogares con una tasa de recargo del 5,44%.
Esa ampliación incorporó a gran parte de la provincia de Buenos Aires, al centro y sur de Córdoba, al sur de Santa Fe, a Mendoza y a casi toda la provincia de San Luis.
Tras la llegada en la Casa Rosada, Milei y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo buscaron voltear la ampliación de los subsidios por medio de la ley ómnibus, pero frente a la resistencia de gobernadores y legisladores de las provincias beneficiadas debieron dar marcha atrás. En el Presupuesto 2026 intentaron avanzar con la misma modificación, pero se toparon con otro traspié en la cámara baja.
Ahora, vuelven a insistir nuevamente con la búsqueda de un respaldo del Congreso para llevar la adelante la poda de esos subsidios junto con la ratificación del decreto 266/26 que autorizó a Caputo a elevar el recargo tarifario actual del 7,5% sobre el precio del gas hasta un máximo de 11,25%.
Bajo el título de “Autosuficiencia económico-financiera del mercado eléctrico mayorista (MEM)”, el proyecto de ley también impulsa una millonaria compensación económica para las distribuidoras eléctricas que tiene como principales beneficiarias a Edenor y Edesur.
Tras no haberla podido pasar en ley del Presupuesto 2026, ahora la administración mileísta puso en marcha otra movida para reconocer los “activos regulatorios” de las distribuidoras que han acumulado por las diferencias surgidas entre los ingresos previstos en los contratos de concesión y los realmente percibidos como consecuencia de las leyes de emergencia dictadas en materia tarifaria.
Tras la convalidación oficial de esas diferencias de ingresos, las empresas van a poder utilizar los montos a favor para cancelar las deudas y parte de la energía que les compran a Cammesa, declinando previamente cualquier reclamo judicial o administrativo relacionado con los efectos de las emergencias económicas.
Según los cálculos que manejan especialistas del sector consultados por Letra P, las sumas totales a compensar por Edenor —controlada por el trío empresarial de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti— y Edesur, manejada por el grupo italiano Enel, superan los u$s 1.500 millones.
Esos montos incluirán la actualización de los aumentos correspondientes al valor agregado de distribución (VAD) y a los planes de obras de las renegociaciones integrales de la gestión de Mauricio Macri que quedaron paralizados a partir de 2019 más los ajustes contractuales no otorgados durante la administración de Alberto Fernández y los primeros meses del gobierno mileísta.
El esquema de compensación se extiende además a las transportistas eléctricas que podrán usar los créditos a favor para el pago de las multas y penalidades económicas que reciben por la deficiente prestación del servicio y el incumplimiento de inversiones.
Como gancho para que los gobernadores instruyan a sus legisladores a convalidar la medida, el proyecto en juego permite que las distribuidoras provinciales estatales y privadas también puedan utilizar las diferencias a favor por los aumentos de tarifas reales que no aplicaron desde la crisis económica de 2001 para cancelar deudas y atrasos pendientes con la Cammesa.
Otro punto significativo del paquete de medidas contempla una amplia autorización del Congreso para que el Ejecutivo disponga “el traslado automático” de los precios de la energía eléctrica y el gas que arroje el mercado a las tarifas finales de los usuarios.
El proyecto establece que “el objetivo de la política energética nacional consiste en restablecer y fortalecer la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, para promover previsibilidad, estabilidad en el abastecimiento e inversiones de largo plazo. En ese sentido, se prevén cambios normativos para garantizar el traslado automático a las tarifas de los distribuidores del costo de adquisición de la energía eléctrica y del gas natural en procesos competitivos conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo”.
Por último, el Gobierno también busca la aprobación legislativa para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de gravámenes para los proyectos de generación eléctrica de fuentes renovables y derogar una serie de regímenes de promoción de hidrocarburos de 2013 y 2022 que fueron reemplazados y ampliados con el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
Nota editada en LetraP
