08/01/21

La discusión en el gobierno no está saldada

Bernal se reunió con las distribuidoras de gas: punto de partida para las tarifas de transición

El interventor del Enargas recibió a las gasíferas. En el Instituto Patria quieren que una suba del 9% (inferior a los dos dígitos). Pero políticamente no está definido si se autorizarán los aumentos. La precaria consistencia económica de esa alternativa. Y el riesgo de que el precio del LNG se dispare.


Guzmán sabe que es difícil que el FMI avale otro año más de tarifas congeladas.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, recibió el lunes 4 de enero a directivos de Adigas, la entidad que nuclea a las empresas distribuidoras del fluido. Fue un encuentro presencial que funcionó como punto de partida del proceso formal que deberá llevar adelante el ente regulador para definir los cuadros tarifarios de transición que se aplicarían a partir de abril.

Ese es el cronograma que maneja el interventor que, sin embargo, evitó brindar precisiones en la reunión acerca de cuánto podrían aumentar las tarifas residenciales e incluso supeditó la aplicación de las subas a un aval final que está por encima de su nivel de decisión.

Desde una óptica estríctamente política, es poco probable que el gobierno autorice una recomposición de las tarifas de gas a los hogares en abril, justo en la antesala del invierno, de un año electoral.

Aún así, si bien en la reunión del lunes no se habló sobre porcentajes y cifras concretas, en el Instituto Patria, el espacio en el que se referencian los técnicos que responden al cristinismo, entienden que la suba real de los cuadros tarifarios no debe superar el 9 por ciento. Es decir que, en el escenario más favorable para las empresas, si la política termina avalando las subas de abril, el incremento de las tarifas estará por debajo de los dos dígitos. Ese es la hoja de ruta con la que trabajan en el ente regulador.

Panorama incierto

Sin embargo, la discusión puertas adentro del gobierno no está saldada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantiene la lectura que instaló hace dos meses, cuando en declaraciones a la prensa afirmó que la idea es avanzar con esquemas de segmentación que permita que los sectores con mayor poder adquisitivo paguen tarifas más caras que aquellos que están más golpeados por la crisis.

En la misma línea se pronunció el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Incluso funcionarios que responden a Darío Martínez, secretario de Energía, siguen trabajando técnicamente en algún sistema de estratificación tarifaria, más no sea por georreferenciación (por zona geográfica)

Bernal comentó el lunes que su intención es realizar las audiencias públicas necesarias para modificar los cuadros tarifarios durante la segunda quincena de febrero, para lo cual en los próximos 10 días debería cursar la convocatoria oficial. En los hechos, la organización formal de la audiencia demanda entre 30 y 40 días. De ahí la premura.

¿Quién capturará la suba de tarifas?

En caso de que reciba la instrucción política de actualizar los cuadros tarifarios, con subas inferiores al 10%, la intención del Enargas es que esa recomposición la capturen las empresas gasíferas vía Valor Agregado de Distribución (VAD). Una suba del 9% en la factura final que pagan los usuarios alcanzaría para incrementar el VAD que cobran las distribuidoras en alrededor de un 25 por ciento.

Eso implicaría que no haya cambios en el precio del gas en boca de pozo que está incluido en las tarifas. Si prima la mirada del ente regulador, el precio del gas que reciben las petroleras vía tarifas seguiría congelado. El gobierno debería, en ese caso, cubrir con más subsidios la brecha que se genere entre el precio en pesos cargado en las tarifas y el costo en dólares originado por la importación de gas desde Bolivia y LNG y por la puesta en marcha del Plan Gas 4, que también contempla un seguro de precios que está expresado en moneda dura.

La consistencia económica del esquema es precaria. Guzmán quiere evitar que los subsidios a la energía sigan creciendo en 2021. Es uno de los pilares para vascular un eventual acuerdo de renegociación de la deuda vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Números que no cierran

De cara a ese plan, los indicadores internacionales están jugando una mala pasada. El Presupuesto 2021 está configurado, en materia energética, sobre un precio del LNG importado —ya regasificado— de entre 4,50 y 6 dólares por millón de BTU (0,90-1,30 dólares de costo de regasificación). Pero la cotización del LNG se disparó por encima de los 12 dólares en este verano (invierno en Asia) por la mayor demanda de China y Japón y por problemas logísticos en el canal de Panamá, que dificultan el paso hacia el Pacífico.

Está previsto que el precio disminuya para mediados de año, que es cuando más LNG compra la Argentina, pero es improbable que baje por debajo de los US$ 4,50 como proyectaba el gobierno.

Algo similar sucede con el petróleo y sus derivados. El Brent orilló ayer los 55 dólares. Si ese precio se mantiene durante los próximos meses, el costo de la importación de gasoil y fuel para el parque de generación térmica se incrementará, presionando al alza sobre los subsidios que recibe el sector eléctrico (vía Cammesa) y sobre la emisión monetaria necesaria para cubrir esos gastos adicionales.

Para la Casa Rosada, es un típico caso de manta corta. Restan por escribir algunos capítulos en la zaga para conocer qué alternativa termina eligiendo el gobierno.

Fuente: EconoJournal