10/03/21

Testimonio en Vialidad debilita "delito precedente" en obra pública

"No existe posibilidad de pagar por afuera del sistema", aseguró Guillermo Bártoli. El técnico de carrera de la Dirección Nacional de Vialidad declaró que el organismo no maneja efectivo. Asimismo, descartan maniobras en "adelantos".


Telam

Un testigo de la fiscalía fue lapidario para la acusación. A pesar de haber sido convocado para abonar los fundamentos de los supuestos desmanejos en la obra pública de Santa Cruz, desarmó el corazón de la hipótesis del desvío de dinero como delito precedente de lavado de activos. “No existe posibilidad de pagar por afuera del sistema”, aseguró Guillermo Bártoli. El técnico de carrera de la Dirección Nacional de Vialidad declaró que el organismo no maneja efectivo; que los expedientes de obras pasan por “siete firmas de gerencias técnicas” y que todos los pagos fueron legales y previstos en el presupuesto nacional.

Uno de los convocados por la fiscalía para testificar fue Bártoli, que ingresó al organismo en 1994 y pasó por diferentes áreas a lo largo de dos décadas. Entre otras cosas tuvo a su cargo las divisiones de presupuesto, tesorería, finanzas y contabilidad. Con esa experiencia en su haber fue contundente a la hora de responder sobre la posibilidad de desviar partidas a favor de una empresa particular. “No hay ningún pago que se haya hecho ni a Austral ni a otra empresa que no haya sido legal. Desde el punto de vista administrativo no hubo ninguna irregularidad en ningún pago”, declaró al inicio.

En principio, Bártoli señaló que “no existe la posibilidad de que Vialidad ejecute una partida que no esté en el presupuesto nacional”. Se trata de uno de los argumentos centrales de la defensa de la vicepresidenta, quien pidió -por este motivo- la declaración testimonial de todos los jefes de gabinete que firmaron los presupuestos aprobados por el Congreso durante los años investigados. En ese sentido, el ex trabajador de carrera de la DNV explicó que “todas las obras en rutas nacionales estaban nominadas una por una en el presupuesto nacional” y que “las obras en jurisdicción provincial entraban en una partida única para obras por convenio con provincias y municipios”. Dicha partida, aclaró, también estaba incluida en la ley de Presupuesto.

Durante sus más de tres horas de declaración, el testigo hizo un pormenorizado detalle del circuito administrativo de pago de una obra. Ante el TOF2 afirmó que “la única posibilidad de acceder a las partidas es a través de los fondos del Tesoro”. Es decir que en la DNV no se maneja efectivo ni se gira desde allí el dinero a las contratistas. “Fondos a Vialidad técnicamente no llegaron nunca. El que realmente paga es Tesorería General de la Nación. Transferencia de plata a la DNV no existe y nunca existió”, remarcó. El organismo emite una orden de pago que luego efectúa la TGN.

Ante la repregunta de varias de las defensas que buscaron reforzar el testimonio, Bártoli afirmó sin dudar: “No existe manera; ni ahora, ni antes, ni después para que Vialidad pague por fuera del sistema. Nunca pasó ni puede pasar”. Según explicó, “a ningún organismo le ingresan fondos físicos” y agregó: “Si alguien manifestó que Vialidad pagaba plata en efectivo es de una canallada y de un desconocimiento del sistema. Si alguien hubiese querido pagar en efectivo o girar un cheque por fuera del sistema no hubiera podido”.

Incluso, el testigo fue más allá al descartar la posibilidad de maniobras vía caja chica, ya que “el nivel de recursos propios (de Vialidad Nacional) no es más de diez o doce millones de pesos al año”, una suma que “no alcanza ni para pagar una adelanto de una sola obra”.

Durante la exposición, casi todas las preguntas al testigo de la acusación abrieron la puerta a definiciones que derribaron varios de los pilares de la hipótesis delictiva:

*Según la denuncia, los pagos anticipados escondieron beneficios para Austral. Sin embargo, Bártoli afirmó que “no hay ningún expediente en el que se le haya pagado a este grupo sin haberle descontado los intereses” por recibir el dinero con anticipación.

* La acusación busca demostrar que las redeterminaciones de precios también escondieron el pago de sobreprecios, lo que explicaría, en parte, el delito precedente para el lavado de activos. Sin embargo, ya todos los testigos y Bártoli afirmaron que se trata de un “mecanismo habitual y permanente con todas las empresas”. Según dijo, “la mayoría de las obras han tenido modificaciones” y también “es una posibilidad el alargamiento de los plazos. Por ejemplo, si estuvo seis meses nevado y no se pudo trabajar” es “habitual” que se extiendan los tiempos de entrega.

* Otro de los ejes de la causa es el supuesto beneficio y direccionamiento de las obras a favor de la provincia de Santa Cruz en detrimento del resto de los distritos. Por el contrario, Bártoli dijo que “todas las provincias tuvieron y tienen el mismo trato siempre. Doy fe que todas las provincias tenían convenios”, resaltó.

En segundo término y en la misma dirección declaró Silvana Paula Maiorana, empleada de carrera de la DNV desde 1998. Coincidió con los testigos en que se descontaban intereses a las firmas que pedían plata antes de empezar las obras.

Fuente: Ámbito