08/06/22

El gasoducto, el autoabastecimiento perdido y las indefiniciones oficiales

Por Luciano Ávila



Desde el siglo pasado la Argentina ha luchado por el autoabastecimiento energético. A partir de 2010, Argentina se transformó en energéticamente dependiente por la falta de inversión en la producción de las fuentes primarias de energía. Previamente el país había alcanzado la autosuficiencia en 1989, desde la alianza con Chevron (ex Stándar Oil), en 1954.

Para tratar revertir la situación se adoptaron una serie de medidas: la reestatización de YPF, la sanción de la ley de hidrocarburos 27.007 para permitir la explotación de Vaca Muerta de la mano de Chevron, la creación del barril criollo y el denominado Plan Gas que se constituyó como un subsidio creciente pagado por el Tesoro Nacional para subsidiar la producción gasífera por imposibilidades de trasladar precios a la demanda.

Todos los gobiernos desde la década del 30, han estado sujetos al cortoplacismo para mantenerse en el poder, generando una seudo satisfacción que terminan siendo arrasados por la política energética, que sin comprender el fenómeno, casi siempre negándolo actúa a destiempo y el resultado es un sobrecosto pagado por la ciudadanía con inflación y pérdida de competitividad. El desbalance energético termina siempre descompensando toda la economía argentina y arruinando los proyectos políticos.

La energía se ha transformado en un problema macroeconómico estructural y se desperdician las oportunidades por falta de infraestructura en el momento que se la necesita y cuando llega la solución siempre es tarde, pues siempre coincide con el cierre de las ventanas de oportunidades.

Las importaciones energéticas se están estancando a un nivel similar al 60 % de los ingresos por las exportaciones agropecuarias y vemos con desesperanza el hecho que los recursos de Vaca Muerta no configuran una fuente de enriquecimiento inmediato. Que estén disponibles, no garantiza el éxito en materia de autoabastecimiento energético si no va de la mano de la infraestructura en tiempo y forma. El gasoducto entre Tratayén – Salliqueló ya lleva años de atraso desde que se lo concibió.

Cuando hablamos de la decisión de explotar los hidrocarburos no convencionales existentes en el país, es menester entender los factores en juego. Principalmente porque el fuerte de Vaca Muerta es el petróleo que tiene una calidad excepcional, virtud que Vista Oil --la petrolera del timonel de YPF Miguel Gallucio-- ha sabido elegir las áreas productoras de petróleo por sobre la de gas natural versus otras de gas natural puro que caen bajo el radar de la burocracia reguladora por su incidencia en el consumo doméstico.

La nueva ley de hidrocarburos (27.007)—aprobada con 130 votos a favor, 116 en contra, 1 abstención y 9 miembros ausentes--fue el fin de un bien común donde las transacciones comerciales interprovinciales se han visto alteradas, a favor de la mayor recaudación fiscal vía indirecta de regalías establecidas provincialmente y concesiones estatales de áreas que lo único que han es trasladar costos de las ineficiencias burocráticas.

La Ley 17.319 establecía en su artículo 1: “Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional”. Es decir, el dominio originario de los yacimientos pertenecía al Estado Nacional.

La reforma confirma el proceso federal a favor del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, pero hay que rescatar que la Constitución Nacional sólo reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales ubicados en su territorio más no la jurisdicción sobre ellos según alguna interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Ello es así para poner en igualdad de condiciones a cualquier demandante del país con los mismos derechos comerciales.

Actualmente se está discutiendo un régimen de promoción de la actividad hidrocarburifera de la Nación sostenidos en la libre disponibilidad del 20 % de la producción. Sin embargo, esta película ya paso y cuando fue necesario se cortaron las exportaciones.

El Gobierno debe generar las condiciones necesarias que incentiven inversiones y, a la vez, rediseñar el sistema de precios incentivando tanto a la oferta, como a la demanda. El problema es de ingresos y no de costos de producción para los consumidores.

Muchos funcionarios se muestran renuentes a la hora de firmar adjudicaciones o encarar en tiempo y forma las obras de infraestructura necesarias para hacer uso de nuestros recursos. En el 2023, se va a seguir importando barcos de GNL y el gasoducto no va a estar disponible para el próximo invierno.

De mantenerse los actuales precios estamos trocando US$ 6000 millones por importaciones versus US$ 1000 millones de costos del gasoducto, aunque luego se duplique por imprevistos que toda obra planificada a las apuradas sin el suficiente detalle. Cabe preguntarse si la falta de toma de decisiones de los funcionarios que retienen o demoran los expedientes en cualquier parte de la administración del estado, no deberían ser acciones punibles, dado que por su desidia, la ciudadanía debe afrontar los sobrecostos que generan.

Para el caso particular del gasoducto, aunque hubiese abuso de sobreprecios de los oferentes, por costos de oportunidad estamos perdiendo la oportunidad de cambiar US$ 8000 millones de importación por US$ 2000 millones que demanda la construcción del gasoducto y la oportunidad de exportar aproximadamente otros US$ 2500 millones de GNL. Un castigo tota: los abusos por aprovechamiento de la debilidad coyuntural pueden ser bien compensados mediante un control y revisión de cuentas por parte de AFIP para evitar maniobras de evasión.