El legislador cordobés calificó la medida como un "peligro inminente" que no solo compromete la seguridad vial, sino también derechos fundamentales, como el acceso al transporte para personas con discapacidad.
Brügge enfatizó que las regulaciones vigentes son el resultado de décadas de trabajo legislativo y de la lucha de asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito. "No podemos permitir que decisiones improvisadas desmantelen un sistema que costó muchas vidas y tragedias construir. Estas normas no son un capricho, son la garantía mínima de seguridad para los usuarios", señaló.
El legislador también adelantó la presentación de un proyecto de declaración en el Congreso, con el objetivo de destacar la importancia de mantener los estándares actuales en transporte urbano, suburbano y de larga distancia.
La desregulación permite que cualquier vehículo con seguro y revisión técnica vehicular (VTV) pueda prestar servicios de transporte público. Según la reglamentación, en el caso de larga distancia, basta con que el vehículo tenga seis asientos, incluido el del conductor, para habilitar su operación.
Esta flexibilización ha generado preocupación en distintos sectores. "El transporte de pasajeros no puede reducirse a una lógica de mercado sin controles estrictos. Las unidades pequeñas, que evadirán terminales y fiscalización, incrementarán los riesgos para los usuarios y los conductores", advirtió el integrante del bloque parlamentario Encuentro Federal.
El Estado, si lo que pretende es quitar trabas burocráticas o aumentar el tamaño del mercado, bien puede hacerlo simplificando los trámites, creando distintos procesos de validación para distintas categorías de transportistas: corta, media, larga distancia, más de seis asientos, más de 10, más de 20.
Pero incluso desde el punto de vista de la economista, no podemos perder de vista que el Estado cumple un rol en garantizar que el mercado funcione, asegurar la transparencia del sistema de precios, evitar la cartelización, garantizar al usuario y consumidor el cumplimiento mínimo de ciertas reglas de seguridad.
La desregulación que se plantea en este caso, traslada al usuario y consumidor la tarea de controlar la calidad, los precios y los posibles abusos, un costo que los consumidores ya venían pagando con sus impuestos.
El diputado también alertó sobre el estado crítico de las rutas y caminos del país. "La falta de mantenimiento y el freno en la obra pública están dejando nuestras rutas en condiciones deplorables. Si a esto sumamos vehículos sin estándares uniformes de seguridad, el resultado será un incremento inminente en la siniestralidad", agregó.
Brügge expresó especial preocupación por el impacto de la medida en los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida. Actualmente, las empresas de transporte están obligadas a ofrecer pasajes gratuitos a personas con discapacidad y un acompañante. Sin embargo, con la entrada de nuevos actores al sistema, este beneficio podría desaparecer. Los medios de transporte están obligados a tener condiciones que permitan acceder al colectivo en sillas de ruedas por ejemplo, y que se cuente con sistemas de cinturón de seguridad apropiados para quien viaja en silla de ruedas.
Lo mismo ocurre con los menores de edad, que tampoco han sido considerados como posibles usuarios de servicios de transporte.
"Es inadmisible que, bajo el argumento de la desregulación, se deje en la incertidumbre a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto no solo es un retroceso en materia de derechos, sino un acto de insensibilidad social", criticó.
Brügge concluyó con un mensaje contundente: "No hay economía que justifique poner en peligro vidas humanas. Este tipo de decisiones solo demuestran una desconexión con las necesidades reales de los argentinos. Es nuestro deber garantizar que el transporte público sea seguro, accesible y confiable para todos".
El debate sobre la desregulación promete intensificarse en las próximas semanas, mientras diferentes sectores analizan sus implicancias y se alzan voces en defensa de un sistema de transporte que priorice la seguridad y los derechos de los usuarios.
