
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazó los recientes aumentos de hasta el 25% en las tarifas de peajes de la provincia de Buenos Aires y denunció que el gobierno de Axel Kicillof va a cerrar el año con un ajuste acumulado del 530% que tienen ninguna lógica, ni justificación económica.
La entidad destacó que “el sorpresivo e injustificado nuevo tarifazo del “falso peaje o impuesto al tránsito” autorizado por las autoridades de la provincia de Buenos Aires no se condice con ningún tipo de índice de ajuste resulta una medida meramente recaudatoria destinada solo a beneficiar a la inoperante y deficitaria empresa concesionaria AUBASA”.
El cuarto incremento anual autorizado por la administración bonaerense implicó subas del 25% para los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y del 23% para el “Sistema Vial Integrado del Atlántico”, que a abarca a la autovía 2, la ruta provincial 11 y caminos conexos.
El CONADUV detalló que, con nuevas tarifas, un automovilista que realice 25 viajes de ida y vuelta por mes en la autopista Buenos Aires-La Plata tendrá que afrontar un gasto anual de $2.400.000. En tanto, para un camión de más de 6 ejes que concrete 20 viajes por mes de ida y vuelta en horario pico, el gasto anual solo en peajes ascenderá a lo largo de un año a $ 11.520.000.
En el caso de un automóvil que se traslade 25 días al mes entre la Capital Federal y Mar del Plata y viceversa, su conductor deberá hacer frente a un pago anual en peajes de $ 8.760.000. El mismo ejemplo para un camión que vaya y vuelva 20 días por mes arroja un gasto anual en las cabinas de peaje de $ 36.720.000.
El coordinar del CONADUV, Ricardo Lasca advirtió que “el nuevo ajuste tarifario ocasionará más incrementos en los costos de transporte y por ende en todos los precios, generando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales directos e indirectos y a toda la sociedad en su conjunto”.
“Los constantes aumentos de las tarifas de peaje que se vienen sucediendo sin control alguno son descabellados, abusivos, inapropiados, injustificados y carentes de todo fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. Ni siquiera se respetan principios básicos de confiscatoriedad y razonabilidad”, agregó Lasca.
Señaló, además, que “resulta increíble que autoridades de la empresa concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.), como del propio gobierno provincial todavía siguen manifestando que las tarifas que se cobran “son las más baratas”, siendo en la realidad todo lo contrario”.
Lasca sostuvo que “el actual régimen de falso peaje que se cobra es inconstitucional por la falta de caminos alternativos libres de pago y la doble imposición. Es inviable por el bajo caudal de tránsito e injusto por tratarse de un sistema abierto donde unos pagan y otros no, según el tramo transitado; y donde lo que se recauda se gasta en el fenomenal costo operativo de las estaciones de peaje y la empresa AUBASA, sin volcarse plata al camino”.
Para el directivo del CONADUV “resulta sorprendente e indignante que el propio ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; como la propia Defensoría del Pueblo, que forman parte del denominado “Foro Multisectorial contra los Tarifazos”, no digan una sola palabra sobre los aumentos de peajes que se dan en forma permanente y sin control alguno en los corredores viales de la provincia”.