Argentina obtuvo una victoria en la contienda judicial que lleva adelante contra los demandantes en Estados Unidos por la violación del estatuto de YPF al momento de su expropiación, en 2012, juicio que financia el fondo Burford Capital.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido presentado por la Procuración del Tesoro y decidió detener temporalmente los procesos judiciales paralelos ligados al caso YPF. Este stand-by durará hasta que se resuelva la apelación de fondo, que es el fallo en contra por el que el país debe pagar US$ 16.100 millones.
La Oficina del Presidente (OPRA) catalogó a esta decisión como "histórica y sin precedentes". Además, la tildó de un "hito histórico" en un litigio que significó para el país "un enorme costo económico, jurídico y reputacional".
El Gobierno, a través de la Procuración -que desde la semana pasada tiene como número uno a Sebastián Amerio-, había presentado el 6 de marzo una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para pedir la suspensión inmediata del proceso de discovery en el caso por la violación del estatuto de YPF en el momento en que se estatizaron las acciones, mientras se resuelve la apelación de fondo a la sentencia de la jueza Loretta Preska.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, explicó en la red social X (ex Twitter) que "la suspensión alcanza también la moción de desacato impulsada por Burford y deja sin efecto la audiencia convocada por Preska para tratar los supuestos incumplimientos de Argentina en materia de discovery y sus posibles sanciones".
"Es una novedad bienvenida porque pone fin, al menos por el momento, a los interminables y desproporcionados pedidos de información de Burford, cuyo objetivo, a esta altura, parecía ser el hostigamiento a nuestro país más que la búsqueda de activos embargables (spoiler alert: no los hay, porque virtualmente todos están amparados por normas de inmunidad soberana, incluyendo el propio Foreign Sovereign Immunities Act de EEUU)", agregó.
En la presentación oficial, los abogados de la Argentina habían solicitado la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026.
En su escrito, la República había indicado que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen "fundamentos sólidos" para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens.
A este pedido luego se sumó Estados Unidos con la presentación de un memorándum ante la misma Cámara de Apelaciones en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por Argentina.
Para el Departamento de Justicia norteamericano, el discovery resultaba "excesivamente intrusivo" y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad.
Y señaló que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos podría generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.
Fuente: Clarín
