El gobierno nacional envió este martes al Congreso el proyecto de ley que establece un régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas actividades económicas, bautizado como Súper RIGI. El nuevo esquema será aplicable a proyectos en actividades sin antecedentes en el país y con un piso mínimo de inversión de US$ 1000 millones. El texto elaborado por el gobierno de Javier Milei no precisa qué actividades estarán incluidos en la iniciativa. Su redacción es laxa: sostiene que podrán acceder a los beneficios fiscales, impositivos y económicos previstos en el nuevo esquema aquellas industrias o rubros que no tengan desarrollo en el país.
EconoJournal consultó a fuentes de gobierno con la intención de detallar qué sectores podrán ingresar al nuevo esquema de promoción. De ese relevamiento se desprende que una de las actividades que apunta a traccionar el gobierno con el Súper RIGI es la producción de hidrógeno verde a partir de la generación de energía renovable. La Argentina cuenta con importantes recursos eólicos en la Patagonia para desarrollar esa tecnología, pero más allá de algunos anuncios puntuales —el más sonante fue el de la empresa Fortescue, que durante la gestión de Alberto Fernández comunicó una inversión US$ 8500 millones que nunca llegó a materializarse— y un proyecto piloto en Comodoro Rivadavia a cargo de Hychico aún no existe un proyecto de escala comercial en marcha.
El Super RIGI también apunta a impulsar la instalación de data centers que requiera la expansión de la Inteligencia Artificial. En ese punto, si bien la nueva ley que presentó ayer el gobierno no prevé que el procesamiento o la industrialización de gas ingrese en el nuevo esquema, la producción del fluido en Vaca Muerta sí se verá beneficiada indirectamente porque las empresas que instalen grandes data centers alimentados con energía generada con plantas termoeléctricas que quemen gas natural sí podrán requerir los beneficios.
Las fuentes consultadas por este medio indicaton, a su vez, que el texto de Ley también podría beneficiar a aquellas compañías que inviertan en la construcción de plantas en tierra (onshore) de licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL). Los proyectos de GNL que ya están en construcción —como el de Southern Energy (SESA)— no podrán pedir una recategorización. «Lo importante es que sean proyectos greenfield (nuevos) y no ampliaciones de obras ya existentes o en curso de construcción», explicaron allegados al área energética del gobierno. «La lógica, además, es que si una actividad la podés realizar con RIGI, como por ejemplos los proyectos de GNL con terminales de licuefacción flotante (offshore), no corresponde que solicites un Super RIGI», agregaron.
Movilidad eléctrica y petroquímica del futuro
El nuevo régimen de promoción de inversiones está pensado, al mismo tiempo, para acelerar el crecimiento de la electromovilidad, un segmento muy relegado en la Argentina como consecuencia de problemas estructurales del país tanto en la macroeconomía —que impidieron la importación de tecnología — como en el segmento de distribución eléctrica, con redes que no están preparadas para acompañar un crecimiento explosivo de la venta autos eléctricas.
También podrían aplicar a futuro al Súper RIGI proyectos petroquímicos pero de subproductos que no se fabriquen en el país como derivados ‘verdes’ o de origen vegetal. «También podría aplicar un emprendimiento forestal para fabricar papel con alguna pulpa celulosa o materia prima que aún no se utilice en el país o desde ya, todo lo que sea procesamiento o agregado de valor industrial para minerales críticos (como litio, cobre o tierras raras). La ley esta diseñada para no ser enumerativa en cuánto a las actividades que beneficia«, indicó una de las fuentes consultadas.
Otro de las segmentos que podrían calificar al nuevo esquema es la fabricación de reactores modulares pequeños (SMR), como el que por ejemplo están diseñando Meitner, una empresa de origen norteamericano, e Invap. La inclusión de otras tecnologías de generación de energía, como la energía geotérmica es más difusa. «Habría que ver si abastecen otro tipo de proyecto industrial o conocer el alcance de los proyectos», explicaron allegados al área energética del gobierno.
Texto de Ley
El proyecto de ley esta orientado a promover la radicación de actividades económicas sin precedentes en el país, otorgando mayores beneficios que los contemplados en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). El ministro de Economía, Luis Caputo, había ejemplificado que al nuevo esquema podrían aplicar proyectos en actividades como el refinamiento y laminado de cobre, la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y fertilizantes de potasio y fósforo.
Sin embargo, ninguna de estas actividades aparece mencionada en el mensaje que acompaña al proyecto de ley remitido este martes a la Cámara de Diputados de la Nación. En cambio, la misiva destaca sectores como «la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital«.
El artículo 4 del proyecto establece que al Super RIGI podrán aplicar proyectos en «nuevas actividades económicas» sin existencia en el país o que presentan una fase piloto o experimental con anterioridad a la sanción del proyecto. Esas actividades nuevas contemplan en términos generales «a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica».
Qué beneficios ofrecerá el Súper RIGI
El nuevo esquema, llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias («Súper RIGI»), busca establecer un régimen autónomo y complementario al RIGI, «destinado exclusivamente a actividades genuinamente nuevas en la estructura productiva nacional».
La iniciativa evaluará y aceptará proyectos con una inversión mínima de US$ 1000 millones en activos computables. Las empresas deberán comprometer al menos el 20% de ese monto dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión al Super RIGI.
El proyecto establece un plazo de 5 años para la presentación de solicitudes de adhesión al régimen, con la posibilidad de una prórroga única de hasta un año. También define que solo podrán acceder aquellos sujetos que constituyan Vehículos de Proyecto Único (VPU), diseñados exclusivamente para el desarrollo de cada emprendimiento y con activos destinados únicamente al proyecto adherido.
El articulado advierte que las empresas que hayan presentado un VPU al RIGI no podrán presentar el mismo VPU al Súper RIGI. Tampoco serán eligibles los proyectos que tengan objeto similar a proyectos ya presentados en el RIGI.
Los VPU que sean aprobados bajo el nuevo esquema pagarán una alícuota del 15 % en el Impuesto a las Ganancias, la principal diferencia con el RIGI existente, que exige pagar una alícuota del 25%.
Además, gozarán de un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura. También podrán deducir quebrantos sin límite temporal y tendrán una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades
Adicionalmente, los VPU podrán cancelar el IVA sobre las inversiones a través de Certificados de Crédito Fiscal y gozarán de una exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y los productos obtenidos al amparo del proyecto.
En materia de acceso al mercado cambiario, los VPU tendrán libre disponibilidad progresiva de las divisas generadas por las exportaciones: 20% después del primer año, 40% luego del segundo y 100% a partir del tercer año desde la primera exportación.
Por otro lado, solo se aceptarán proyectos en las provincias y municipios que adhieran al Súper RIGI. El Gobierno plantea que las jurisdicciones deberán comprometerse a mantener estabilidad fiscal y condiciones compatibles con la magnitud de las inversiones.
El proyecto establece que cualquier norma provincial o municipal que limite o afecte los beneficios otorgados por el régimen será considerada “nula de nulidad absoluta”.
Fuente: EconoJournal
