Ante el inicio de la discusión en particular del proyecto de ley sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Marítima, que busca modificar diversos cuerpos legales, la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de la Marina Mercante de Chile (Fenasiomechi) afirmó que no se opone a elevar los estándares del sector, pero advierte que no se puede avanzar sin escuchar la voz de los trabajadores de manera directa e incluyente.
La iniciativa legislativa, cuya discusión comenzó formalmente en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, contempla reformas al Código del Trabajo y a la Ley de Navegación, abarcando desde la medición de arqueo bruto hasta la sanción penal por manipulación de instrumentos o alteración de registros, controles estricto de drogas y alcohol, presunción de culpabilidad en caso de abandono de un siniestro y la imposición de un control tecnológico objetivo para el registro de jornadas y descansos.
“Consideramos necesario incorporar a esta discusión la visión de quienes desarrollan diariamente sus funciones a bordo. Se ha señalado que Chile tendría más regulaciones, más dotaciones e igual o más descanso que otros países con geografías comparables. Creemos que una afirmación de esta naturaleza debe sustentarse en antecedentes objetivos”, comunicó Fenasiomechi.
“No basta comparar el número de personas embarcadas. Debemos considerar naves y operaciones equivalentes, sistemas de guardia y relevo, jornadas, disponibilidad, descansos efectivos, apoyo desde tierra y legislación aplicable. Una dotación menor no necesariamente significa una operación más eficiente ni condiciones equivalentes”, agregó.
Otro de los ejes de alarma para el sector sindical radica en el desequilibrio de las responsabilidades. Si bien la moción busca elevar las exigencias sobre los capitanes y el personal superior, la Federación advirtió sobre el riesgo de sobrecargar con responsabilidades administrativas y penales a la tripulación sin abordar con la misma claridad las obligaciones que le corresponden al armador.
“El capitán tiene responsabilidades inherentes al mando de la nave, pero la seguridad marítima no comienza ni termina en el puente de mando. Una dotación adecuada, la planificación operacional, el mantenimiento, los recursos disponibles y el respeto efectivo de los períodos de descanso también forman parte de la seguridad y dependen de decisiones que exceden a quienes están embarcados”, enfatizó la agrupación.
“A ello se suma otro problema que no puede quedar fuera del debate: la debilidad de las fiscalizaciones. Chile puede contar con numerosas normas, pero si las instituciones encargadas de verificar su cumplimiento no disponen de suficiente personal, recursos o presencia efectiva a bordo, se genera una brecha entre lo que establece la regulación y lo que realmente ocurre en la operación diaria”, añadió.
“Por ello, antes de concluir que existe una sobrerregulación, también debemos preguntarnos si las normas vigentes se están fiscalizando adecuadamente y si el Estado cuenta con las herramientas necesarias para hacerlas cumplir”, planteó la Federación.
La Fenasiomechi remarcó su disponibilidad para avanzar hacia normativas más exigentes en materia de resguardo de las vidas en el mar y condiciones laborales, pero rechazó tajantemente que estos cambios se diseñen a sus espaldas.
“Si se pretende modificar las responsabilidades de capitanes y tripulaciones, quienes deberán cumplir esas normas en el mar también deben tener voz en su construcción. No buscamos oponernos a mayores estándares de seguridad. Queremos participar en su construcción mediante una discusión técnica y transparente donde estén sentados en la misma mesa autoridad, armadores y trabajadores”, remarcó la organización.
“Si queremos comparar a Chile con otros países, hagámoslo con antecedentes verificables. Si queremos aumentar la seguridad, revisemos dotaciones, jornadas, descansos efectivos, fiscalización y responsabilidades de todos los actores. Las normas que regulan el trabajo a bordo no debieran construirse a puertas cerradas y menos sin escuchar a quienes deberán cumplirlas en el mar”, concluyó.
Proyecto de Ley
La propuesta legislativa busca alinear la normativa legal chilena con los principales convenios internacionales ratificados por el país, tales como el de Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas), el de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) y el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la labor en la pesca.
Uno de los ejes del proyecto radica en la modificación del artículo 12° de la Ley de Navegación, transformando la exigencia del certificado de arqueo en una regla general obligatoria para la matrícula de naves.
Lo anterior toma relevancia al tener en cuenta que los convenios internacionales Solas y STCW determinan las exigencias de equipamiento de seguridad, radiobalizas y la capacitación requerida para los capitanes y oficiales según la medición del arqueo bruto.
En materia de fiscalización a bordo, la moción crea un artículo legar que otorga un marco legal formal y explícito para la fiscalización y control del consumo de alcohol y drogas en la tripulación durante el servicio, reforzando las atribuciones reglamentarias que actualmente ejecuta la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).
Por otra parte, se modifica un artículo para establecer la obligatoriedad legal de contar con radiobalizas de emergencia (EPIRB) de activación automática o manual, tanto para la nave como para su personal. Esta medida apunta directamente a cerrar la brecha de seguridad que afecta de forma crítica a la pesca artesanal y a las embarcaciones menores.
El proyecto busca fortalecer la disciplina, la transparencia y la respuesta ante emergencias en altamar mediante cuatro cambios clave. Primero, resguarda la integridad de las pruebas exigiendo la inalterabilidad de los instrumentos de navegación y cámaras de monitoreo (Art. 29°), a la vez que obliga a los oficiales a denunciar cualquier delito cometido a bordo (Art. 84°).
Segundo, la norma combate la impunidad y eleva los estándares de salvamento, sancionando con presunción de responsabilidad a los capitanes que abandonen la escena de un accidente (Art. 112°) y otorga rango legal al deber de auxilio (Art. 112° bis), facultando a la autoridad marítima para disponer de naves próximas en caso de riesgo vital.
Finalmente, la moción contempla un cambio significativo al artículo 115° del Código del Trabajo. El proyecto propone migrar desde el tradicional sistema de registro manual de jornadas y descansos a cargo del capitán hacia un mecanismo de control tecnológico objetivo.
Fuente: Portal Portuario
