El polémico proyecto del Gobierno de la Ciudad para marginar a Subterráneos de Buenos Aires (SBA) de todas las futuras obras de Subte, actualmente en trámite en la Legislatura porteña, suma nuevas críticas.
Días atrás, personal técnico de carrera de SBA alertó sobre los riesgos que implicaría la aprobación de la iniciativa oficial.
Miriam Cáceres, funcionaria de la empresa porteña y secretaria general de la Asociación del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires (APDESBA), cuestionó que “mientras se anuncia una de las obras de infraestructura más importante de las próximas décadas [la línea F], el Poder Ejecutivo impulsa una modificación de los artículos 3 y 7 de la ley 670, que permitiría quitarle a SBA funciones históricas de planificación, proyecto, licitación y supervisión“.
“¿Por qué apartar a los profesionales y retirar conocimiento justamente cuando más conocimiento se necesita? SBA tiene 113 años de historia (…) son décadas de experiencia acumulada trabajando específicamente sobre el subsuelo de Buenos Aires”, dijo la funcionaria en una reciente audiencia pública vinculada al proyecto de la futura línea F.
Cáceres explicó que APDESBA trasladó sus inquietudes a diferentes bloques de la Legislatura y que se elevaron tres pedidos: “que SBA conserve plenamente sus funciones de administración, planificación, control y fiscalización sobre la línea F y sobre el desarrollo futuro de toda la red; que se archive la reforma de la ley 670 (…) y que las autoridades comprendan que proteger el ambiente, proteger la obra y proteger a los ciudadanos requiere algo fundamental: poner la responsabilidad en mano de quienes saben”.
En paralelo, la asociación lanzó una campaña de recolección de firmas contra la modificación de la ley 670 que impulsa el ejecutivo.
El planteo de los directivos de SBA fue apoyado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). En un comunicado, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la red expresó su “solidaridad” con el personal de SBA y el “acompañamiento” a su reclamo contra la modificación de la ley 670. “APDESBA y los profesionales de la empresa cuentan con el personal calificado para planificar, proyectar y ejecutar obras de la red actual y de la futura línea F. El Subte lo construyen y lo sostienen los que lo conocen”, aseguraron.
Desde la AGTSyP, a su vez, alertaron sobre la posibilidad de que el intento de remover a SBA de la planificación y ejecución de las futuras líneas se relacione con una “terciarización” de funciones que históricamente estuvieron en manos de la empresa estatal.
La polémica reforma a la ley 670
En marzo pasado, Jorge Macri envió a la Legislatura porteña dos proyectos vinculados a la obra de la línea F.
El primero de ellos, aprobado meses atrás, consistía en una autorización de endeudamiento por hasta 1350 millones de dólares con destino a las obras de la línea F actualmente en proceso de licitación -la fecha de apertura de sobres, que ya fue reprogramada en tres ocasiones, está prevista para principios del mes que viene-.
El segundo proyecto, todavía en trámite, apunta principalmente a la expropiación de una lista de inmuebles y subsuelos necesarios para la construcción de accesos, túneles e instalaciones conexas de la futura línea F. Sin embargo, contiene una reforma encubierta de la ley 670 que busca apartar a SBA de todas las futuras obras de Subte.
En concreto, se modificaría el artículo 3° de la ley 670, quitándole a SBA la responsabilidad de efectuar los llamados a licitación para las obras de las líneas F, G, H e I, habilitando al Ejecutivo a delegar el proceso en “el organismo que resulte competente”, y el artículo 7°, que establece la integración de la comisión mixta de seguimiento de las licitaciones y las obras. Hasta ahora, la comisión está integrada por dos representantes de Subterráneos y quince legisladores, pero, de prosperar el cambio, los dos representantes de SBA serían sustituidos por funcionarios nombrados en forma directa por el Ejecutivo.
Vale notar que la redacción original de la ley 670 no incluía expresamente a Subterráneos de Buenos Aires: los artículos que ahora buscan modificarse son en rigor producto de la ley 2710, una modificación de la 670 sancionada en 2008 a instancias del gobierno porteño de Mauricio Macri. SBA era entonces una empresa de prestigio técnico, reconvertida exitosamente de su antiguo rol operador en planificadora de la extensión el Subte. Y la ley 2710 –que finalmente modificó poco y nada las trazas previstas desde 2001– era precisamente la herramienta legislativa que exigía el gobierno de Macri para cumplir su promesa de multiplicar el ritmo de crecimiento de la red, luego abandonada en favor de la construcción de corredores de Metrobús.
Los cambios se tornan especialmente opacos si se considera que ni siquiera son justificados con argumento alguno en los fundamentos del proyecto. El GCBA ha eludido hasta ahora brindar una explicación acerca de los motivos de por los cuales sería necesario correr a SBA de la gestión y supervisión de las obras.
Tal como explicó enelSubte, el polémico proyecto se relaciona con una interna palaciega entre el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, que conduce Pablo Bereciartúa, y SBA, que preside Javier Ibáñez.
Si bien las tensiones entre SBA y Ministerio están lejos de ser nuevas –la historia es frondosa en antecedentes–, la presentación de la reforma de la ley 670 estuvo precedida por meses de mucho ruido interno entre la empresa estatal y el ejecutivo: todo el proyecto de la línea F -desde los “data room” hasta la licitación de las obras propiamente dichas-, la primera nueva línea de Subte en 25 años, quedó en cabeza del Ministerio, contrariando la redacción todavía vigente de la ley 670, y hasta se alentaron proyectos que colisionaban abiertamente con iniciativas de SBA, como el cierre del Premetro y su reemplazo por colectivos eléctricos, a la par que la empresa tenía adjudicada la terminación del loop.
La tensión parece haber aflojado en los últimos meses. El proyecto de cierre del Premetro fue abandonado y las obras del loop fueron retomadas, mientras que pareciera haberse alcanzado una tregua entre SBA y Ministerio, algo que cristalizó en una división de tareas. El reparto de poder, aunque por ahora frágil y en un equilibrio provisorio, implicaría que el Ministerio retenga -como hasta ahora- las obras de la línea F, pero SBA se quede con la parte operativa del proyecto.
Una muestra de esto la constituyen las asesorías internacionales que el GCBA buscó para el proyecto de la futura línea: mientras que el diálogo con la Comunidad de Madrid por las obras se canalizó mediante el Ministerio -algo confirmado a enelSubte por los propios funcionarios españoles-, los acuerdos con Londres (Crossrail International) fueron encauzados a través de SBA. Lejos de implicar un giro, este movimiento refuerza la especialización de SBA en un órgano de control del operador antes que como planificador del futuro de la red. Vale notar, a su vez, que la empresa estatal retuvo para sí la gestión del proyecto de modernización integral de la línea B, que incluye renovación de vías y señalamiento, elevación de tensión, modernización de talleres y recambio de flota.
Más allá de estos hechos, el proyecto de modificación por ley del rol de SBA no fue retirado de la Legislatura y continúa siendo, al menos en los papeles, el objetivo oficial. La propuesta pone en riesgo la preservación de las capacidades técnicas de Subterráneos de Buenos Aires y allana el camino para proyectos “llave en mano”, para los negocios con estudios de consultoría, y hasta para la proliferación de propuestas de dudosa solvencia técnica que pululan por las redes sociales y luego pasan a los despachos oficiales, envenenando el debate público.
Vale recordar, en ese sentido, que además de ser la titular administrativa de la red de subtes y la responsable por su planificación, Subterráneos de Buenos Aires es la autoridad última “del transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneos”: así lo dispone la ley 4472, impulsada por Mauricio Macri cuando la Ciudad aceptó la devolución de la jurisdicción sobre la concesión del Subte, en 2012. Tan es así que la ley 4472 define expresamente que SBA es responsable de “ejecutar las obras y proyectos relativos a la expansión de las redes de subterráneos”: las últimas acciones del Gobierno de la Ciudad están potencialmente al margen de su propia ley.
Cualquiera sea el caso, la aprobación de las modificaciones propuestas implicaría la pérdida de una entidad técnica independiente, y la delegación de la planificación del transporte guiado y masivo en entidades políticas sometidas al arbitrio del gobierno de turno o de actores privados. También implicaría la pérdida de la operadora natural en caso de que el Gobierno de la Ciudad decidiera, algún día, revocar o no renovar la concesión vigente. Son improvisaciones que una ciudad de las dimensiones y complejidad de Buenos Aires, que requiere de recuperar cuanto antes una auténtica política de Estado en lo relativo a la movilidad sustentable, no puede permitirse.
Fuente: enelSubte
