Un grupo de productores rurales de Adolfo Alsina inició una acción de amparo contra la municipalidad para reclamar el acceso a información pública vinculada con la recaudación y el destino de distintas tasas que les cobra el gobierno local.
El planteo judicial surgió después de que 161 productores presentaran, el 11 de junio pasado, un pedido de acceso a la información pública y que no obtuvieran la respuesta pretendida puesto que el municipio no entregó la documentación en los términos solicitados.
Entre los datos reclamados se encuentra la información correspondiente a la tasa por conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales municipales, además de la tasa de Marcas y Señales y la vinculada con los servicios de inspección de seguridad, salubridad e higiene. En el caso de los caminos rurales, los productores buscan conocer cuánto se recauda y cuál es el gasto efectivamente destinado a su conservación y reparación.
"Los caminos son un desastre, están en pésimo estado. Es una problemática histórica y recurrente, nunca fue una política de Estado el mantenimiento y la reparación de los caminos rurales”, afirmó Gregorio Aberasturi, productor agropecuario y consignatario de Carhué. Ante la falta de respuestas y la inacción de tantos años, desde su consignataria decidieron tomar cartas en el asunto, ejerciendo su derecho ciudadano de acceso a la información pública con el objetivo de obtener la solución a la problemática. Para eso, reunieron a los productores del distrito y contrataron - por su cuenta y a su cargo- al abogado Pablo Abdón Torres Barthe, quien les dio detalles de las acciones legales a seguir y llevó adelante el reclamo.
La acción judicial sostiene que resulta necesario conocer qué proporción de los recursos que pagan los usuarios de la red vial termina efectivamente destinada al servicio.
La respuesta que cuestionan
Uno de los principales puntos de controversia está en la respuesta brindada por la municipalidad. Según consta en el amparo, el gobierno local sostuvo que su sistema contable y presupuestario, basado en la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM), no identifica las erogaciones individualmente por cada una de las tasas. Por eso, informó que no dispone de documentación que discrimine los gastos de 2023, 2024, 2025 y 2026 exclusivamente por cada concepto tributario solicitado.
Los productores cuestionan esa explicación y sostienen que, de acuerdo con la legislación municipal, la contabilidad debería permitir conocer con claridad la situación financiera y los ingresos y gastos del municipio. El amparo cita, entre otros, los artículos 166 y 169 de la Ley Orgánica de las Municipalidades bonaerense, que establecen obligaciones respecto de la registración contable de los ingresos y gastos.
El planteo también apunta a que la tasa vial está vinculada con un servicio concreto: la conservación, reparación y mejorado de los caminos rurales. Por esa razón, los productores consideran indispensable poder determinar qué ocurre con los recursos recaudados bajo ese concepto.
Algunos números
El pedido judicial, patrocinado por el abogado Pablo Abdon Torres Barthe, no se limita a los caminos. En el escrito, los productores indican que, según la rendición de cuentas publicada por el municipio al 1° de julio de 2026, la recaudación por la Tasa de Marcas y Señales ascendía a $313.984.688,05.
Mientras que el municipio informó además que durante 2026 se habían registrado 4.875 trámites relacionados con guías, marcas y señales. Los productores realizaron su propio cálculo y señalaron que esos ingresos representarían unos $64.407 por trámite, razón por la cual reclaman conocer el destino de esos recursos.
En cuanto a los caminos rurales, el amparo también menciona las rendiciones correspondientes a los dos primeros bimestres de 2026 y señala un gasto identificado como “YPF” por $165.354.222,37. Los productores cuestionan ese dato y hacen un cálculo hipotético: si ese monto correspondiera a gasoil, equivaldría a unos $68.897,59 litros, tomando un precio de $2.400 por litro y, considerando un consumo de 35 litros por kilómetros, alcanzaría para unos 1.900 kilómetros de caminos, lo que implicaría, prácticamente, toda la red vial, algo que, según sostienen, no se condice con el estado de la red. Por eso, piden que se determine con precisión qué gastos corresponden al servicio vial rural.
Según los productores, la recaudación de la tasa vial rural superaría los $4.000 millones, mientras que el presupuesto municipal previsto para caminos rurales en 2026 rondaría los $500 millones.
De acuerdo con los números que manejan, reparar un kilómetro de camino demandaría unos $500.000. Sobre esa base, Aberasturi estimó que los, aproximadamente, 2.000 kilómetros de caminos rurales del partido podrían ser reparados con $1.000 millones. Se trata de cálculos propios que constituyen, precisamente, parte del planteo que buscan contrastar con la información oficial mediante el acceso a la documentación municipal.
En la página oficial del municipio de Adolfo Alsina se informa que en el primer bimestre del ejercicio 2026 (enero-febrero), los ingresos efectivamente percibidos por la tasa vial ascendieron a $286.971.759,92. Para el rubro Compra de Materiales y Equipo Vial ingresaron $ 40.176.046,39 y en el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad Vial, $ 5.739.435,20. Así, señala la publicación, el total de ingresos del primer bimestre de 2026 fue de $332.887.241,51.
En tanto, durante el segundo bimestre el total recaudado por la tasa vial rural llegó a $385.185.056,78. Para Compra de Materiales y Equipo Vial, ingresaron $64.310.560,09 y como Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad Vial se contabilizaron $9.187.223,11. De esta manera, los ingresos del período informados por el municipo totalizaron $ 458.682.839,98.
Cabe señalar, además, que en 2026 el municipio incrementó un 41% el índice que determina el monto a pagar por tasa vial rural, que en Adolfo Alsina se fija a valor producto en base a trigo, novillo y gasoil (1,226 litros de gasoil común; 0,680 kilogramos de novillo; 8,43 kilogramos de trigo). "Como el precio del novillo aumentó muchísimo, la tasa real terminó aumentando un 101% cuando la inflación creció un 30%, un escándalo. Hubo asambleas, fuimos al Concejo Deliberante, nos dieron argumentos insólitos y no se modificó", contó Aberasturi.
Con la presentación judicial, los productores buscan que la Justicia ordene al municipio entregar la totalidad de la información solicitada, preferentemente en formato digital, para poner blanco sobre negro a la cuestión de esta tasa y, a partir de allí, encontrar una solución que permita tener los caminos rurales en buen estado.
El amparo pone bajo la lupa una cuestión sensible para el sector agropecuario en muchos distritos del país: cuánto dinero aportan los productores a través de las tasas municipales, especialmente la vial rural, y cuánto de esos recursos se transforma efectivamente en servicios, en un escenario de caminos rurales en muy mal estado o intransitables que complican o impiden la vida en el campo y el movimiento de la producción agropecuaria.
Fuente: Clarín
