Lejos quedó aquel viernes 15 de junio de 2018, cuando a las ocho de la mañana llegaba a Salta el primer vuelo de la aerolínea Flybondi desde El Palomar. Una nave amarilla y blanca. La promesa de democratizar los vuelos con un sistema low cost. Fue solo eso: Una promesa. Tras algunos años, un cambio de mando y cientos, sino miles, de vuelos cancelados y reprogramados, finalmente el pasado 2 de octubre pidió el concurso preventivo, un recurso judicial para negociar deudas millonarias y evitar la quiebra. Con suerte, volver a volar.
Pero esa parte de la historia de Flybondi en Salta recién empieza. Solo cinco días después de la solicitud ante tribunales, distintas personas y empresas de la provincia dejaron huella en el expediente de más de 150 documentos. Gente de Salta, con acceso a la documentación, pudo contabilizar que la aerolínea registra reclamos por casi $69 millones en la provincia.
Entre el 2 y el 7 de octubre, el expediente iniciado por Flybondi ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24, dejó al descubierto una nómina de 780 legajos de acreedores. En total, la aerolínea declaró pasivos por casi $610 mil millones, de los cuales $153 mil millones corresponden a proveedores extranjeros y casi $59 millones a siete acreedores domiciliados en Salta. Aunque en tribunales federales salteños acumulan otras demandas por más de $10 millones.
Dentro de la documentación presentada ante los tribunales aparecen pasajeros, empleados, hoteles, empresas de transporte, proveedores de combustible y firmas de mantenimiento aeronáutico. También figuran demandas judiciales y reclamos tramitados ante organismos de Defensa del Consumidor, cuyos montos no están precisados en el expediente.
Sin embargo, de esas deudas declaradas en Salta, apenas dos hoteles concentran el 85% del dinero. El principal acreedor es Grupo Armani SRL, propietario del Hotel Buenos Aires, que figura con $36.7 millones correspondientes a 15 facturas por servicios hoteleros prestados entre 2024 y 2025. Le sigue Casa Magno Apart Boutique SRL, con otros $13 millones. Entre sus comprobantes aparece una factura por $9,3 millones correspondiente al alojamiento y la alimentación de pasajeros afectados por una contingencia aérea del 20 de febrero de 2026.
Más atrás aparece Alexandra SRL, propietaria del Hotel Casa Real, con $3.8 millones por servicios de alojamiento para tripulantes y pasajeros afectados por inconvenientes en los vuelos durante agosto de 2025. El cuarto acreedor es Flor Azul SAS, que reclama $3.127.150 por traslados contratados entre febrero y marzo de 2026. Sus facturas incluyen recorridos desde el aeropuerto salteño hasta distintos alojamientos e incluso viajes hacia San Pedro de Jujuy.
Que Flybondi reprogramara y cancelara vuelos dejó de ser noticia hace mucho. Pero, tal como revela su situación judicial, esos inconvenientes para los pasajeros también generaron facturas y deudas que la low cost no pudo afrontar, hasta terminar solicitando voluntariamente su concurso preventivo.
A nivel nacional, sin embargo, las consecuencias eran mucho más claras. La aerolínea acumuló ocho pedidos de quiebra, impulsadas por distintos acreedores, entre ellos el Hotel Presidente, la proveedora de repuestos Seal Siher y el empresario Néstor Adrián Mayora. Aunque algunos expedientes fueron archivados y otros continuaban en trámite, la Justicia no declaró su quiebra. Pero la crisis financiera ya era una bola de nieve indisimulable.
Los problemas también terminaron por dejar a la empresa en tierra. El 26 de junio llegó a pasar casi 24 horas sin operar y, apenas tres días después, el 29 de junio, todavía despegaba del aeropuerto Martín Miguel de Güemes un avión de Flybondi con destino a Buenos Aires. Es el último vuelo salteño que pudo identificarse en los registros consultados.
Para el 22 de julio, la suspensión de sus servicios en Salta durante julio y agosto ya era pública. Una semana después, el 29 de julio, Brasil restringió la comercialización de pasajes de la compañía por sus reiteradas cancelaciones. Finalmente, el 5 de agosto, Flybondi realizó su último vuelo comercial conocido a nivel nacional, entre Bariloche y Ezeiza.
Pero los proveedores no son los únicos que reclaman dinero a Flybondi en Salta. En la documentación judicial aparecen cuatro demandas iniciadas entre 2023 y 2025 ante tribunales federales de la provincia. Los montos reclamados van desde $1,2 millones hasta más de $4,1 millones, por causas que incluyen daños y perjuicios e incumplimientos contractuales.
A ellas se agregan otras 84 entradas vinculadas con Salta dentro de las actuaciones de Defensa del Consumidor que Flybondi incorporó a su expediente. Entre los registros aparecen denuncias, notificaciones y derivaciones administrativas.
En uno de los correos incorporados al expediente, correspondiente a un vuelo entre Bariloche y Buenos Aires, una persona relató que debió comprar nuevos pasajes tras una cancelación y desembolsar más de un millón de pesos que tuvo que pedir prestados.
En junio de 2025, siete años después de su llegada a Salta, Flybondi anunció un cambio de propietarios. El fondo estadounidense Cartesian Capital Group, hasta entonces su principal accionista, cedía el protagonismo a COC Global Enterprise, el grupo inversor del empresario y exfuncionario argentino Leonardo Scatturice.
Sin embargo, el traspaso de las acciones nunca terminó de concretarse y Cartesian continuó figurando como accionista mayoritario. Poco más de un año después, con ambos grupos enfrentados por la situación financiera de la compañía, la aerolínea terminó solicitando su concurso preventivo.
En su presentación ante la Justicia, la compañía sostuvo que no buscaba "eludir el cumplimiento de las obligaciones", sino reestructurar sus deudas para continuar con su actividad. Sin embargo, el expediente tampoco pasó sin objeciones.
El 7 de octubre, el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24 exigió completar la documentación antes de resolver la apertura del concurso. El tribunal encontró facturas ilegibles, créditos sin sus comprobantes correspondientes, un acreedor sin identificación suficiente y falta de precisiones sobre los bienes, registros contables y composición accionaria de la empresa.
Según la Ley de Concursos y Quiebras, una vez abierto el procedimiento, el juez debe fijar el vencimiento para solicitar la verificación de créditos, entre 15 y 20 días después de la fecha prevista para finalizar la publicación de los edictos. Esos avisos deberán informar quién es el síndico designado, dónde presentarse y cuál es el plazo definitivo.
Para iniciar ese trámite, los acreedores deberán acreditar el dinero que reclaman mediante facturas, contratos, comprobantes de pago u otros documentos que justifiquen la obligación. La solicitud se presenta ante el síndico, con indicación del monto, su origen y los privilegios que correspondan.
Incluso aquellos que ya aparecen en la nómina de Flybondi deberán solicitar la verificación, porque figurar en el listado de la empresa no equivale a tener un crédito judicialmente reconocido. Para los proveedores salteños, el procedimiento abrirá una nueva etapa: La de intentar recuperar un dinero cuyo cobro todavía no está garantizado.
Fuente: Gente de Salta
