A solo 24 horas de haberla reglamentado parcialmente, el Gobierno de Javier Milei utilizó a pleno la “guadaña normativa” prevista en el artículo 3 de la Ley Bases y procedió a disolver el organismo estatal de control de la Hidrovía, que había sido creado en 2021 y estaba integrado por 15 miembros designados por la Nación y las provincias ribereñas.
Por medio del DNU 699/24, la administración libertaria dispuso la “eliminación total” del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable” (Ecovina), junto con la declaración de “servicio público” de todas “las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional”.
Según los argumentos esgrimidos por el Gobierno, la disolución del Ecovina se debe a que “desde su creación no logró un normal o regular funcionamiento, ni ejerció efectivamente las misiones y funciones que le fueron encomendadas, por lo que no alcanzó los objetivos propuestos”.
Con su sede operativa localizada en Rosario, el ente regulador que quedó en el camino tenía entre sus principales tareas el control de los contratistas de la Hidrovía y la confección de los pliegos de bases y condiciones de la futura licitación internacional destinada a concesionar las obras de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal por un plazo inicial de 15 años.
Para su funcionamiento, el Ecovina tenía asignado un ingreso mensual equivalente al 0,5% de la recaudación por peajes a los barcos que recibe la Administración General de Puertos (AGP), el organismo estatal que tiene a su cargo la concesión transitoria de la Hidrovía con la subcontratación del dragado y balizamiento a empresas privadas.
Para borrar del mapa al Ecovina, la administración mileísta hizo uso del artículo 3 de la Ley Bases que faculta a la Casa Rosada “a disolver total o parcialmente los órganos u organismos de la administración central o descentralizada que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente”.
De acuerdo con la visión oficial, la derogación de DNU 556/21 --por el cual la anterior administración de Alberto Fernández había creado el Ecovina—responde a “la estricta observancia de los principios de eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio de la función administrativa, y a los fines de la racionalización de las estructuras estatales, desburocratización y reducción del gasto público innecesario”. A partir de ahora, las funciones, el presupuesto y el personal del ente serán traspasados al ámbito de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, que conduce el exfuncionario macrista, Iñaki Arreseygor.
La segunda medida relevante que contiene el DNU 699/24 es la declaración de “servicio público” de las actividades inherentes al dragado, balizamiento y control hidrológico de la Hidrovía.
La decisión se basa en que “resulta necesario reconocer el carácter de servicio público que revisten las tareas de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico debido a la trascendencia que tiene la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de las economías regionales, su relevancia estratégica y la función para el transporte y el comercio regional e internacional”.
Para los funcionarios mileístas, la declaración de servicio esencial de esas actividades apunta a “asegurar la continuidad y regularidad de las prestaciones que hacen a la navegación interjurisdiccional, en cumplimiento del deber de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y a procurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.
Suben los peajes en dólares
Las dos medidas vinculadas con el funcionamiento de la Hidrovía salieron a la calle en medio de la instancia de “participación ciudadana” que tiene en curso el Gobierno para implementar un ajuste tarifario del 63% en los peajes en dólares que abonan los barcos cargueros que se movilizan por el corredor navegable.
Con los ingresos provenientes de nuevo cuadro tarifario, las autoridades de la AGP prevén ponerse al día con el pago de facturas atrasadas y las cargas impositivas, que totalizan cerca de US$ 95 millones, y llevar adelante las obras de mejoras y ampliación que requiere la vía navegable por donde transitan casi el 80% de las exportaciones agropecuarias y el 90% del tráfico de contenedores del país.
El aumento en juego para el peaje fluvial—que llevará la tarifa básica actual para los tráficos internacionales de US$ 3,06 a US$ 4,98 por Tonelada de Registro Neto (TRN)—implicará un nuevo encarecimiento de los gastos logísticos y navieros que va camino a impactar en las operaciones de comercio exterior y en los ingresos del campo que ya viene afrontando mayores costos operativos mensuales por las constantes remarcaciones en los precios del gasoil que aplican las petroleras.
El procedimiento para ajustar los peajes a los barcos se puso en marcha con la apertura de una instancia de “participación ciudadana” no vinculante para que las empresas y usuarios de la Hidrovía presenten, por vía digital y hasta el 16 de agosto, sus planteos y opiniones acerca de la actualización tarifaria.
Según el esquema de ajuste definido por el Gobierno, la tarifa básica actual para los barcos con cargas internacionales tendrá un primer aumento de US$ 1,92 que elevará el peaje a US$ 4,98 por Tonelada de Registro Neto (TRN) durante un período de 36 meses. A partir de setiembre de 2027, el peaje fluvial para cargas de exportación e importación en el tramo de Santa Fe a la salida oceánica registrará otra suba del 21,1% que llevará la tarifa básica a US$ 6,04 por TRN.
Para el tráfico de cabotaje, cuya tarifa está pesificada desde 2002, se prevé una actualización basada en la variación del índice de precios al consumidor de los últimos 22 años que implicará pasar del valor actual de $ 3,06 por TRN a uno nuevo de $ 824,80 por TRN. Una vez actualizado, el peaje para cargas domésticas se ajustará cada tres meses tomando en cuenta la variación inflacionaria que se registre en cada período.
En cuanto a las deudas pendientes, la AGP precisó que debe hacer frente a un rojo de casi US$ 95 millones, de los cuales US$ 80 millones corresponden a las facturas impagas con Compañía Sudamericana de Dragados, la empresa del grupo Jan de Nul, con la cual mantiene una contratación directa que viene prorrogándose periódicamente desde fines de 2021.
Nota editada en iProfesional
