Por Antonio Rossi
Tras una consulta ciudadana no vinculante para aumentar un 63% los peajes en dólares a las embarcaciones que realizan tráficos internacionales por la hidrovía, el presidente Javier Milei rompió con los gobernadores al desarmar el esquema que heredó de la gestión albertista y allanar el camino para una nueva privatización del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal.
Mediante los decretos 699 y 709, la administración libertaria decidió eliminar el ente de control creado en 2021 y que integraban la Nación y las provincias ribereñas; declarar como “servicio público” las actividades de dragado y balizamiento; y dotar de facultades amplias a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SPVN) para que vuelva a concesionar a manos privadas la operación, ampliación y mantenimiento de la hidrovía.
Creado en agosto de 2021 para contener las presiones del ala kirchnerista y darles cabida a los reclamos de las provincias, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegables (Ecovina) se convirtió en un organismo testimonial que nunca cumplió con las tareas que debía realizar: supervisión de las contratistas de la hidrovía; definición de los cuadros tarifarios; y confección de los pliegos licitatorios para privatizar las obras de dragado y balizamiento del corredor fluvial por un plazo de 15 años.
Con un plantel administrativo de casi 30 agentes y un directorio conformado con representantes nacionales y de las siete provincias ribereñas (Buenos Aires, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos); el Ecovina comenzó a funcionar con una sola base operativa localizada en Rosario.
Si bien en los papeles tenía asignado para su funcionamiento el 0,5% de los peajes cobrados a los barcos cargueros, en la práctica dependía de los giros que ocasionalmente le remitiera el área de Transporte.
En casi tres años, el ente ni siquiera logró montar un sitio web específico para dar cuenta de sus actividades. A principios de marzo, la administración libertaria le aceptó la renuncia al último titular del organismo: el abogado radical Abel De Manuele, exasesor de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Javier Milei echa mano de la ley Bases
Desde ese momento, el Ecovina quedó en una zona de nebulosa y al alcance de la motosierra de Milei. Para desarticular el organismo, el Gobierno utilizó el artículo 3 de la ley Bases que habilita “a disolver total o parcialmente los órganos u organismos de la administración central o descentralizada que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente”.
Para la visión oficial, la eliminación del Ecovina responde a “la estricta observancia de los principios de eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio de la función administrativa, y a los fines de la racionalización de las estructuras estatales, desburocratización y reducción del gasto público innecesario”.
En cuanto al futuro, el mismo decreto que disolvió el ente estableció que tanto sus funciones, como el personal serán traspasados al ámbito de la SPVN que conduce el exfuncionario macrista Iñaki Arreseygor.
Servicio público y empoderamiento
Otra medida vinculada con la hidrovía que adoptó la administración mileísta fue la declaración como “servicio público” de todas las tareas inherentes al dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables.
La equiparación de esas actividades como un servicio esencial apunta –según la resolución- a “asegurar la continuidad y regularidad de las prestaciones que hacen a la navegación interjurisdiccional, en cumplimiento del deber de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.
El tercer cambio de fondo en relación con la hidrovía fue el empoderamiento del área de Puertos y Vías Navegables, que está bajo la órbita administrativa del ministro de Economía, Toto Caputo.
La SPVN quedó facultada para licitar y adjudicar tanto el dragado y balizamiento de la vía troncal que va desde la zona de Confluencia hasta la salida oceánica como de otros tramos menores y complementarios de la hidrovía; todo “bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y/o de concesión de servicio público mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”.
La delegación de facultades para que se privatice la hidrovía con cobro de peajes y sin aportes del Estado contempla la posibilidad de convocar “a más de un procedimiento de selección y dividir los contratos en tantos tramos o actividades como resulte técnicamente conveniente”.
Administración y ruido ambiental
Mientras se lleva adelante el nuevo proceso licitatorio, la Administración General de Puertos (AGP) a cargo del abogado macrista Gastón Benvenuto, ex apoderado del grupo Blaquier, seguirá actuando como concesionaria transitoria de la hidrovía y cobradora estatal de los peajes.
Según quedó establecido, la SPVN deberá realizar una revisión integral del desempeño de la AGP con el fin de “simplificar la concesión y posibilitar la inmediata ejecución de las obras de mejoras y adecuación que garanticen el eficiente funcionamiento de la infraestructura concesionada y el eficaz e inmediato traspaso a los nuevos adjudicatarios”.
Hay otra modificación que podría generar ruidos internos y cuestionamientos externos. Para las obras de ampliación del dragado, el decreto 709/24 plantea omitir la intervención del área de Medio Ambiente y dejar en manos de la SPVN la realización de los estudios e informes de “evaluación de impacto ambiental necesarios y los procedimientos de fiscalización y el control” de los nuevos concesionarios”.
Nota Editada en LetraP
