Por Antonio Rossi
Los recientes acuerdos abrochados entre el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y una docena de gobernadores para transferir a las provincias la terminación de una parte de las obras públicas paralizadas desde diciembre van camino a arrancar con el pie izquierdo debido a una clausula no escrita que busca introducir el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.
En los convenios de traspaso de obras viales y de infraestructura, Caputo pretende incluir como una obligación adicional que las administraciones provinciales también se hagan cargo de saldar las deudas pendientes con las constructoras por los certificados que se encuentran impagos desde el último trimestre de 2023.
De acuerdo con los números que maneja el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weis, la deuda total que acumula la Nación por las facturas no abonadas desde el año pasado ronda los $ 400.000 millones. De ese total, los certificados atrasados que Caputo quiere hacerles pagar a las provincias por las obras que tomarán a su cargo oscilarían entre los $ 120.000 y $ 150.000 millones.
El argumento esgrimido desde los despachos de Economía es que ahora, tras la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal, los gobernadores van a tener mayores ingresos coparticipables que les permitirían afrontar tanto la terminación de las obras, como la cancelación de las deudas pendientes con las constructoras.
Según pudo confirmar LetraP, la exigencia planteada por la cartera de Economía a último momento tomó por sorpresa a varios ministros y secretarios provinciales de Obras Públicas que se alistaban para empezar a cerrar la letra chica de las transferencias acordadas con la administración mileísta. Tras el cambio de escenario, no se descarta que los mandatarios provinciales vuelvan a reunirse con Francos para aclarar la situación y y dejar de lado el planteo de Caputo que no formó parte de lo que se había pactado inicialmente.
Además de ese escollo económico, la firma de los acuerdos definitivos enfrentaría otros contratiempos de orden legal y técnico. Si bien apuestan a retomar los trabajos lo más pronto posible, directivos de la Camarco indicaron a LetraP que aún no está resuelto bajo qué marco normativo se concretarán las cesiones de los contratos a las provincias, ni cómo se renegociarán los plazos de conclusión de los trabajos y la actualización de los montos totales de las obras en danza.
En lo que respecta al arreglo y mantenimiento de las rutas nacionales que serían cedidas a las provincias, el interrogante que se presenta es qué va a pasar con los empleados de las estaciones de peaje que pertenecen actualmente a la empresa estatal Corredores Viales SA.
Si bien los acuerdos cerrados con Francos abren la puerta para que se queden con el cobro de los peajes, los gobernadores no quieren saber nada con absorber al personal de las cabinas que están dentro de sus territorios.
Otra cuestión relevante a resolver es la vinculada con los deterioros estructurales que sufrieron la mayoría de las obras tras estar varios meses suspendidas y que van a implicar un costo económico adicional que todavía no está calculado en los fondos que se necesitan para poder concluirlas y habilitarlas.
LAS OBRAS EN JUEGO
Tras varios meses de esquivarle el bulto a los pedidos de informes de los legisladores de la oposición, la gestión libertaria salió a mostrar los números oficiales sobre la paralización de las obras públicas que ha dejado la aplicación de la motosierra y la poda de gastos implementada por Caputo.
En la convención anual de la Camarco que tuvo lugar esta semana en el predio ferial de la Rural, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine blanqueó que los proyectos y obras que quedaron en el freezer desde la asunción de Javier Milei alcanzan a un total de 2.731 contratos.
De ese total, Giovine precisó que la Nación prevé reactivar con fondos propios solo un 14%, que engloba a 376 obras prioritarias que han sido consensuadas con las autoridades provinciales.
El 40% integrado por 1.094 obras barriales y comunitarias de baja escala serán ofrecidas a los municipios, cooperativas y ONG para que las terminen con financiamientos propios o de terceros.
En tanto, el paquete a transferir a los gobernadores comprende un total de 914 obras—el 33% de las que se encuentran suspendidas—cuyas reactivaciones quedarán íntegramente a cargo de las administraciones provinciales.
El listado se completa con 347 obras que serán discontinuadas y quedarán archivadas hasta que aparezca algún interesado en financiar los trabajos que faltan.
Nota Editada en LetraP
