Por Antonio Rossi
La administración de Javier Milei dio la vía libre para la puesta en marcha de la primera obra energética basada en el esquema de “iniciativa privada”, la cual será licitada con una serie de ventajas a favor de TGS --la transportada de gas controlada por Pampa Energía, GPI (Grupo Sielecki) y PCT (Grupo Safra) --que ha sido la impulsora del proyecto.
Por medio del decreto 1060/24, el Gobierno libertario declaró de “interés público nacional” la iniciativa privada presentada a mediados de año por TGS que prevé la ampliación de la capacidad de transporte del ahora rebautizado gasoducto “Perito Moreno” (exPresidente Néstor Kirchner) con el fin de poder aumentar los despachos de Vaca Muerta hacia los centros de mayor consumo del AMBA y las regiones del Litoral y Norte del país.
La obra denominada oficialmente “Incremento de la Capacidad de Transporte Gas Natural en la Ruta Tratayén – Litoral Argentino” contempla una inversión del orden de los US$ 500 millones que se realizará íntegramente con fondos privados.
El proyecto comprende los trabajos de ampliación del gasoducto que une las localidades de Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) y la instalación de tres nuevas plantas compresoras que permitirán elevar la capacidad de transporte actual de 21 millones de metros cúbicos diarios a 35 millones de metros cúbicos diarios en plazo inferior a dos años.
Tras calificarla e “interés público nacional”, ahora la Secretaría de Energía que comanda la macrista María Tettamanti deberá licitar la obra en las próximas semanas para ver si hay otras empresas constructoras y de ingeniería interesadas en quedarse con la adjudicación de los trabajos.
Por haber sido la que diseñó y armó el proyecto, TGS tendrá en el proceso licitatorio una doble ventaja competitiva y la posibilidad de cobrar un resarcimiento en caso de no salir ganadora.
- En primer lugar, podrá quedarse con las obras en caso de que salga segunda y la diferencia con la mejor oferta no sea mayor al 10%.
- En segundo lugar, contará con la chance de ir a un repechaje con la oferta mejor calificada en caso de que exista una diferencia entre un 10% y 15% entre ambas.
- Además, si llegara a perder la licitación, TGS—como promotora de la iniciativa privada-- tendrá derecho a percibir de la empresa ganadora una suma equivalente al 1% de la oferta total en concepto de “honorarios y gastos reembolsables”. De manera excepcional y en función de las características del proyecto, el Gobierno podrá elevar esa compensación hasta un máximo equivalente al 3% de la oferta triunfadora.
La sociedad controlante de TGS, con el 51% del capital social, está en cabeza de la firma CIESA. Esta empresa, a su vez, está integrada por Pampa Energía de Marcelo Mindlin (50%), GIP del grupo Sielecki (27,1%) y PCT del grupo Safra (22,9%). El reparto accionario se completa con un 24% que está en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); otro 20% que flota en el mercado bursátil local y el New York Stock Exchange y un 5% de acciones propias en cartera de TGS. Cuenta con una red de casi 9.300 kilómetros de gasoductos y 33 plantas compresoras que transportan el 60% del gas consumido en el país.
LAS OBRAS EN JUEGO
Junto con las obras que saldrán a licitación, el proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno comprende también un paquete de obras complementarias que estarán a cargo de TGS.
La mayor parte de las obras valuadas en US$ 500 millones que serán licitadas por la Secretaría de Energía se enmarcan dentro de la ley de Hidrocarburos—modificada por la ley Bases—y del nuevo régimen de iniciativa privada. En tanto, el resto de las obras que ascienden a US$ 200 millones corresponden a las inversiones contractuales que debe llevar adelante TGS bajo los términos de su licencia como transportadora de gas.
En la traza del gasoducto, el proyecto prevé la instalación de tres nuevas plantas compresoras con un total de 90.000 HP. En tanto, lo que tiene que ejecutar TGS --aún en caso de no ganar la licitación-- es el tendido de 20 km. de loops de cañería y la instalación de 15.000 HP de compresión en el Gasoducto Neuba II para poder elevar su presión máxima de operación.
En ambos casos, las obras las terminarán repagando los usuarios residenciales, comercios e industrias con una mayor carga tarifaria y las petroleras que utilicen el gasoducto para exportar a Brasil y alimentar las futuras plantas de GNL que despacharán sus producciones a mercados externos.
En los fundamentos del decreto que declaró de “interés público” el proyecto, la administración mileísta destacó que “es preciso habilitar a potenciales interesados a que tengan acceso a la ampliación de la capacidad de transporte de gas natural, posibilitando el financiamiento de las obras a ejecutar mediante la reserva de capacidad y/o prepago de los contratos de transporte respectivos”.
Según la evaluación oficial, las obras “permitirán sustituir significativamente las importaciones de GNL y combustibles líquidos destinadas a las generadoras eléctricas durante los 100 días invernales de alta demanda, aportando un beneficio en la balanza comercial de más de US$ 700 millones anuales y un ahorro fiscal del orden de los US$ 567 millones”.
A eso se agrega que, también, permitiría “elevar la disponibilidad de gas, reducir los requerimientos futuros de GNL y de combustibles alternativos en los meses de invierno y mejorar el perfil de gas disponible para las centrales térmicas en las semanas de alto requerimiento en verano”.
De acuerdo con la evaluación que efectuaron los técnicos de Energía, “los ahorros estimados en costos de combustibles concentrados en los meses de invierno compensarían en 2 ó 3 años los costos de inversión de transporte de gas, al mismo tiempo que los costos marginales de los meses de invierno se reducirían también de manera sensible”.
Fuente: iProfesional
