Por Antonio Rossi
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El tarifazo energético de Javier Milei abrió el interrogante sobre hasta dónde son razonables los aumentos fuertes de luz y gas que convalidó la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, y hasta qué punto serán viables de pagar para hogares, comercios e industrias en un contexto de caída del poder adquisitivo del salario y recesión.
Mientras que el incremento en el gas llevará a los hogares a tener que pagar entre tres y casi cinco veces más solamente por los consumos de abril, junto con subas del 600% al 800% para comercios e industrias; los aumentos que rigen desde febrero en el servicio eléctrico oscilan entre 150% y 200%.
Aumentos en la era Javier Milei
Mas allá de su ideología liberal y ostensiblemente a favor de las empresas privadas, las autoridades de Energía sustentan las resoluciones que dieron paso a los tarifazos en la conjunción de un basamento legal y otro de carácter político.
El marco normativo proviene del DNU 55/23 que declaró la “emergencia energética” para los servicios de gas y energía eléctrica. El decreto rige hasta el 31 de diciembre de este año y faculta a Chirillo a adoptar todas las medidas que considere convenientes para “establecer los mecanismos de sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos de las empresas y cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua de los servicios en condiciones técnicas y económicas adecuadas”.
Para las asociaciones defensoras de consumidores y usuarios, esas facultades extraordinarias otorgadas a Chirillo chocan con los criterios rectores que estableció la Corte Suprema en 2016 al frenar los tarifazos de Mauricio Macri. Según el fallo del máximo tribunal “el Estado debe tener una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y transparencia a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios”.
A nivel político, la administración libertaria considera que tiene una suerte de “cheque en blanco” de la población que está dispuesta a afrontar todos los ajustes que sean necesarios para enterrar el “modelo agotado del populismo kirchnerista”. Para los funcionarios de Energía, la transformación iniciada por Milei requiere que las privatizadas recuperen sus ingresos y rentabilidades de manera inmediata y sin tener en cuenta lo que pasa con los salarios y el poder adquisitivo de las familias.
Advertencias de analistas energéticos
A esa visión oficial se contraponen los cuestionamientos de analistas energéticos de distintos signos políticos que advierten sobre el impacto de los aumentos y el agotamiento del apoyo de la gente a la gestión mileísta.
“Los incrementos tarifarios de luz y gas se inscriben en una práctica abusiva de un Gobierno que es inexperto y carece de planes”, evaluó el titular del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi”, Jorge Lapeña, al ser consultado por Letra P.
El ex secretario de Energía opinó que “al igual que en gobiernos anteriores, los funcionarios de Milei no pueden precisar cuál es el costo real del gas en cada cuenca productiva y han dejado que, ese precio clave para la economía, lo sigan fijando arbitrariamente las petroleras y las empresas del sector”.
Tras reconocer que “las tarifas tenían que actualizarse por los congelamientos pasados, pero no en la magnitud que tienen los aumentos aprobados”, Lapeña sostuvo: “Está en duda la viabilidad los ajustes y no sería extraño que, en unos meses, el Gobierno se dé cuenta, como ahora con las prepagas, que se le fue mano con la aprobación de subas que resultan exorbitantes”.
Emilio Apud, ex titular de Energía y miembro de la Fundación Libertad y Progreso, alertó que “hay que avisarle a la gente que se vienen facturas muy altas. Los consumos de abril se van a multiplicar más o menos por cinco y a partir de mayo, el gas tendrá otro valor más alto porque hay que agregar al costo el combustible importado”.
“Las facturas residenciales por los mayores consumos de mayo, junio, julio y agosto van a llegar con aumentos muy fuertes. Con respecto a lo que se ha venido pagando hasta ahora, las nuevas facturas podrían llegar a multiplicarse por diez”, estimó Apud en declaraciones radiales.
Más señales de alarma
Marcos Rebasa, ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y fundador del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) dijo a Letra P que “ni siquiera el deseo habitual de fijar los precios en base a las reglas de mercado pueden explicar la exageración y lo desmedido de los incrementos aprobados. Con las pautas aplicadas bajo el amparo de las leyes del menemismo, los aumentos hubieran sido de sólo un tercio o menos de los que se convalidaron ahora”.
Tras resaltar que “los aumentos hacen inviables la mayoría de las actividades productivas”, advirtió: “Las producciones de gas y electricidad deben surgir de sus costos reales y no a través de precios garantizados por los funcionarios de Energía. Con los nuevos precios del gas -que no tiene fundamentos, ni justificación de costos- se produce una relación directa de aumentos en la electricidad que se terminan trasladando a todos los usuarios”.
Rebasa destacó que “por la fala de transparencia nadie sabe cómo se calcularon y qué rigurosidad legal tienen las nuevas tarifas. En cambio, lo que sí sabemos es que habrá un impacto negativo fuerte en la sociedad con una contracara de balances recargados de ganancias para las empresas petroleras, eléctricas y gasíferas”.
Nota Editada en LetraP