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La construcción ha atravesado un 2023 complicado, con poca actividad en la obra privada y movimiento moderado de proyectos financiados por el Estado. De cara a lo que viene, las empresas que trabajan de la mano del Gobierno no tienen expectativas de que el panorama mejore. De hecho, una encuesta realizada por el Indec reveló que la mayoría espera un freno de la obra pública, impulsado por atrasos en las cadenas de pago.
En detalle, entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 57,4% opina que el nivel de actividad disminuirá al menos hasta fin de año, mientras que 33,9% cree que no cambiará y 8,7% que aumentará. Es decir que la gran mayoría de las firmas que trabajan de la mano del Estado espera una desaceleración o un freno del ritmo de obras.
Por su parte, el 59,6% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 34,6% estima que disminuirá y el 5,8% que aumentará. Esta no es necesariamente una buena noticia, teniendo en cuenta que el nivel de actividad de la construcción viene en baja (-2,9% en el acumulado de los primeros diez meses).
Ahora bien, ¿a qué se atribuyen las malas expectativas? Las empresas que se dedican mayormente a las obras públicas y que estiman una caída de la actividad del sector en los próximos tres meses señalan como principales causas de sus proyecciones negativas a los atrasos en la cadena de pagos (27,8%) y la caída de la actividad económica (26,1%).
Los retrasos en los pagos no son un problema reciente. De hecho, hay obras de gran envergadura que presentan demoras preocupantes. El 29 de septiembre se abrieron los sobres con las ofertas para la construcción de la Reversión del Gasoducto Norte, una obra proyectada para llevar gas y electricidad a 6 millones de argentinos en siete provincias del centro y el norte argentino. Sin embargo, la construcción todavía no comienza y ya preocupa que no pueda finalizarse a tiempo para el próximo invierno.
Uno de los problemas es que las ofertas presentadas por las empresas superan ampliamente el presupuesto, dado que el cálculo de los costos realizado por Enarsa (Energía Argentina SA) se hizo a mediados de año, mucho antes de la devaluación y la disparada de la inflación. Dicho de otra manera, faltan recursos para encarar la obra.
Si se analizan los resultados de la encuesta, se encuentra que otras de las causas principales de malas expectativas de las empresas que trabajan en la obra pública son justamente la inestabilidad de los precios y los altos costos de la construcción.
El freno de la obra de reversión del Gasoducto del Norte no es un tema menor, sobre todo considerando que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó a Enarsa que a partir de 2024 no estará garantizado el abastecimiento en firme de Gas Natural y que desde la fecha citada el servicio pasará a condición de interrumpible en su totalidad. En resúmen, el riesgo de desabastecimiento de gas y electricidad en el norte es alto.
Volviendo al sector de la construcción, también las empresas privadas tienen malas expectativas para lo que resta del año y lo atribuyen principalmente a la inestabilidad de los precios (se limita la venta de materiales por la incertidumbre) y a la caída de la actividad económica.
Freno del empleo
Pese a la caída de la actividad de la construcción, el empleo formal del sector ha mantenido una tendencia de crecimiento durante casi todo el 2023, incluso alcanzando cifras máximas durante algunos períodos. No obstante, las empresas advierten que las plantas de personal tienen muy bajas posibilidades de seguir aumentando.
Tanto las empresas que se dedican a la obra pública como las que se desempeñan en la parte privada advierten más posibilidades de que la cantidad de trabajadores baje o se mantenga, a que crezca. De todas formas, es común que las empresas no piensen en tomar nuevos empleados en época de elecciones, debido a los altos niveles de incertidumbre, más aún dentro de un sector que en gran medida depende de la actividad impulsada por el Estado.
Fuente: InfoBae