En un anuncio clave para la industria energética del país, el presidente de YPF, Horacio Marín, ha confirmado el inicio de las actividades preliminares del proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur en noviembre, con la movilización activa de equipos comenzando en enero del próximo año. Este nuevo tramo, que abarcará 437 kilómetros desde Allen hasta Sierra Grande, tendrá un costo estimado de 2.500 millones de dólares e incluirá la construcción de depósitos y dos monoboyas.
Marín explicó que la decisión de optar por Sierra Grande en lugar de Bahía Blanca se basó en una considerable ventaja económica. Según sus declaraciones, el ahorro calculado en la infraestructura y adecuación de muelles en el puerto rionegrino asciende a cerca de 1.000 millones de dólares. Este ahorro es decisivo en un proyecto donde la velocidad y la capacidad de cierre de acuerdos con compradores internacionales son cruciales.
El tramo inicial del oleoducto, que conecta el yacimiento de Loma Campana en Neuquén con Allen, se comenzó a desarrollar en marzo, extendiéndose a lo largo de 130 kilómetros. Con esta nueva etapa, la extensión total llegará a 567 kilómetros. La capacidad de transporte del oleoducto se estima en aproximadamente 800.000 barriles diarios, de los cuales ya se ha garantizado el 75% de compromiso de transporte por parte de operadores privados antes de su culminación.
Horacio Marín también reveló negociaciones en curso con la empresa estadounidense Energy Transfer, que asumirá la administración del oleoducto. Destacó que se estarán manejando acuerdos para los primeros 500.000 barriles diarios transportados hacia Sierra Grande dentro de las próximas semanas.
Para superar el obstáculo del cuello de botella en la evacuación de petróleo, YPF planea usar dos monoboyas ubicadas a 7 kilómetros de la costa, permitiendo la carga de buques petroleros con una capacidad de hasta 2 millones de barriles (VLCC). Esto permitiría evacuar hasta 2 millones de barriles por día con dos barcos operando simultáneamente, mitigando significativamente las limitaciones actuales para la exportación.
La elección de Sierra Grande estuvo influenciada por varios factores, incluyendo la autorización del Tribunal Superior de Justicia para operaciones con hidrocarburos en los puertos de la provincia. Adicionalmente, la adhesión al Régimen de Incentivos para la Producción y el Almacenamiento de Hidrocarburos (RIGI) por parte de Río Negro facilitó el financiamiento del proyecto. Esto, combinado con los incentivos fiscales ofrecidos por la provincia, inclinaron la balanza decisivamente en favor de Río Negro.
Marín enfatizó que la locación de la planta de GNL en Río Negro conllevará una significativa inversión de aproximadamente 30.000 millones de dólares en infraestructura y plantas, enriqueciendo no solo a las empresas involucradas sino también al país mediante las exportaciones. Afirmó que dejar el gas en el subsuelo sería una pérdida de oportunidades para los argentinos.
La decisión contó con el respaldo de YPF, Petronas y una consultora externa que coincidieron en que la opción de Sierra Grande ofrecería mayores ahorros y ventajas estratégicas para el proyecto.
Fuente: El Cordillerano
