Durante 40 años, en la Argentina prácticamente no se construyeron obras de infraestructura de relevancia en el sector energético. Esto cambió completamente a partir de 2022, cuando el precio internacional de la energía se disparó por la invasión de Rusia a Ucrania, y aceleró un proceso que estaba pendiente: destrabar el cuello de botella de Vaca Muerta para que la producción de petróleo y gas crezca a más velocidad.
Desde entonces, las productoras empezaron las obras para duplicar la capacidad de transporte de petróleo de Neuquén a Buenos Aires; se recuperó y se puso en funcionamiento nuevamente después de 17 años el oleoducto que conecta Vaca Muerta con Chile, y se construyó el gasoducto Néstor Kirchner (GNK), que permitió este invierno sustituir parte de las importaciones de gas.
De cara al futuro, YPF ya licitó el pliego para construir un oleoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro, para exportar petróleo, y el Gobierno tiene en carpeta algunos proyectos para ampliar la capacidad de transporte de gas.
En este contexto, el plan del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, es constituir una nueva empresa energética en el país: Transportadora de Gas del Centro (TGC), que operará el gasoducto Néstor Kirchner y se encargará de conseguir el financiamiento para la construcción de un segundo ducto que permita ampliar la capacidad de transporte de gas de Vaca Muerta al litoral.
Energía Argentina (Enarsa), la empresa estatal encargada de las licitaciones de los gasoductos, es la sociedad que tendría la licencia para crear a la nueva transportista, y ponerla en concesión. Así funcionan Transportadora de Gas del Norte (TGN), cuyo principal accionista es Tecpetrol (de la familia Rocca) y CGC (Eurnekian), y Transportadora de Gas del Sur (TGS), en manos de la familia Sielecki y de Pampa Energía (fundada por Marcelo Mindlin).
Actualmente, la operación del gasoducto Néstor Kirchner está a cargo de TGS, pero fuentes oficiales señalan que es un contrato “fácil de rescindir”. Por lo tanto, la idea del Gobierno es darle esa operación a TGC. Los adjudicatarios de la concesión tendrán como “zanahoria” un flujo de ingresos ya asegurados más la obligación de conseguir el financiamiento para la construcción de otro gasoducto.
Sobre la mesa hay varias alternativas. Por un lado, la propuesta que acercó TGS a la Secretaría de Energía, que sugiere usar el gasoducto Néstor Kirchner construido el año pasado e instalar tres nuevas plantas compresoras y otros equipos para ampliar la capacidad de transporte de los 21 millones de metros cúbicos día (m3/d) a 35 millones. Luego, se haría una extensión adicional en el sistema de transporte de TGS, que permitiría aumentar en 14 millones de m3/d la oferta disponible de gas al Litoral y al Norte argentino.
“Es la primera iniciativa que viene del sector privado para llevar adelante una inversión en infraestructura de US$700 millones con el propósito de ejecutar y financiar con fondos propios”, había dicho Oscar Sardi, CEO de TGS, cuando se dio a conocer esta iniciativa.
Adicionalmente, llegaron al Gobierno otras propuestas que incluyen el rol de TGC. Una es mantener la idea original que diseñó la conducción anterior de Enarsa de construir el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner desde Salliqueló (Buenos Aires) a San Jerónimo (Santa Fe).
Una segunda opción es construir otro ducto con un trazo que vaya desde una parte intermedia entre Tratayén (Neuquén) y Chacharramendi (La Pampa) hasta La Carlota (Córdoba), que se conectará con el Gasoducto del Norte. Este ducto habrá cambiado de sentido su flujo desde el 15 de este mes, para que el gas fluya del sur al norte argentino, y así sustituir las importaciones de Bolivia.
El Gobierno podría tomar como propia la propuesta de TGS y, al mismo tiempo, licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner bajo el diseño de la segunda opción, para aumentar los envíos de Vaca Muerta a las provincias del norte.
“Esta licitación se divide en etapas. Hay una primera etapa donde se hace la licitación de la construcción y se determina el canon que se debe pagar. Paralelamente, está la licitación de la capacidad de transporte en firme, más la celebración de contratos de abastecimiento de gas por parte de quienes estén interesados. Posteriormente, y mientras se desarrolla, se va a crear TGC, que en definitiva supone hacer un spin-off de activos que son de Enarsa y que después se podrán privatizar en un porcentaje al sector privado”, había explicado Rodríguez Chirillo en su presentación en el Club del Petróleo.
El objetivo del Gobierno es garantizar el transporte de 40 millones de m3/d a la zona del litoral. “El privado puede proponer otra traza. El contratista va a recibir después un canon anual garantizado por el fondo de repago para la construcción (FRC), que se forma por los ingresos obtenidos por la venta de la capacidad de la ampliación de transporte, más la venta de los productores de gas. El plazo para que entre en funcionamiento sería marzo de 2026″, agregó el secretario de Energía.
Fuente: La Nación
