16/10/24

Aerolíneas Argentinas consigue mantenerse operativa y se activa para expulsar a Pablo Biró

García Lemos, gerente de Operaciones de la aérea, retiró su renuncia por pedido de los gremios. Se define el destino de Biró en una asamblea inminente



En la semana que podría haber derivado en la paralización absoluta de sus operaciones, Aerolíneas Argentinas logró mantener su gerente de operaciones y la compañía podrá seguir volando hasta tanto se defina su destino accionario. Ocurre que Gustavo García Lemos, el gerente de ese sector que había presentado su renuncia, actuó en sintonía con el sindicato de pilotos APLA y echó atrás su dimisión. El ejecutivo en cuestión se aprestaba para dejar el cargo el jueves 17, pero la intención del Gobierno de colocar en ese lugar a un ex piloto ligado a La Libertad Avanza (LLA) redundó en la decisión de García Lemos de mantener el puesto. Esta continuidad ocurre a días de que se lleve a cabo una asamblea que podría derivar en la expulsión de Pablo Biró del directorio de la compañía estatal.

Según indicaron a iProfesional fuentes del segmento aerocomercial, la asamblea donde se discutirá la injerencia de Biró en las últimas medidas de fuerzas que afectaron el funcionamiento de la línea de bandera, y además se establecerá su salida del directorio, tendrá lugar el miércoles 16.

Mientras tanto, el tratamiento de la eventual privatización de la compañía en el Congreso sigue sin contar con una fecha específica. Más allá del decreto promovido por el Ejecutivo nacional, lo cierto es que dicho proceso corresponde sea evaluado por la Comisión Bicameral Especial de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.

Aerolíneas Argentinas: por qué se alarga el proyecto para discutir la privatización

Sin embargo, la comisión a cargo aún no ha sido definida. Y los libertarios aún deben cerrar los acuerdos necesarios para avanzar con la privatización. Desde el radicalismo ya se expuso que no habrá apoyo a una venta sin condiciones de la línea de bandera.

"Existen una serie de circunstancias, que tienen que ver con destinos emergentes y la conectividad de las provincias, que hay que tener en cuenta si se quiere hacer una venta inteligente", declaró al respecto Fabio Quetglas, diputado nacional por la UCR.

Por su parte, el senador nacional por la misma fuerza, Pablo Blanco, también se pronunció en contra de la privatización alegando que el ingreso de un privado afectará gravemente la conectividad de Tierra del Fuego y otras provincias patagónicas.

Blanco sostiene que la privatización "será bloqueada en el Senado", en tanto un recuento previo "muestra entre 42 y 44 voluntades contrarias a la privatización de Aerolíneas".

"Esto no quita que hay que hacer una reestructuración y una reorganización de Aerolíneas Argentinas, porque tampoco puede funcionar como funciona. Nosotros necesitamos una aerolínea estatal de bandera, porque si no, en el caso de Tierra de Fuego, Río Grande, vamos a ser parias, como ya sucedió en su momento cuando fue Aerolíneas Argentinas privatizada y eso que en esa época Ushuaia también era un centro turístico", dijo.

La Justicia ordenó reincorporar a los pilotos despedidos

Por otra parte, la Justicia ordenó reincorporar a los tres pilotos de Aerolíneas Argentinas que habían sido despedidos el mes pasado tras un reclamo sindical contra la compañía. La medida fue adoptada por la jueza Stella Maris Vulcano en una causa promovida por el gremio APLA.

Los pilotos habían sido despedidos por haberse negado a operar un avión que se debía devolver, en rechazo al "vaciamiento de la empresa". La magistrada consideró arbitrarias las cesantías en tanto se "ejercía el derecho a la libertad sindical y de protesta, y porque los sueldos tienen carácter alimentario".

Vale señalar que la anterior no es la única disputa entre APLA y el Ejecutivo nacional. También se judicializó el decreto del Poder Ejecutivo en los que estableció como servicio esencial al sistema de aeronavegación.

El juez con competencias en el área de Trabajo, Ricardo Hierrezuelo, aceptó un planteo de APLA y dictó una medida cautelar en la que suspendió por tres meses los decretos 825 y 831. Resta decir que la resolución fue apelada por el Gobierno nacional para que sea revisada por la Cámara del Trabajo.

Fuente: iProfesional