El gobierno de Javier Milei tiene en la mira dos nuevas empresas estatales que buscará privatizar en las siguientes semanas: se trata de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP). Según fuentes oficiales a las que accedió Ámbito, la administración libertaria buscará avanzar con el cierre, o al menos esquemas de privatización, de dichas compañías que consideran que "hacen el trabajo redundante" con otros organismos y ministerios existentes.
De esta manera, el Gobierno suma dos nuevos ítems a una larga lista de empresas u organismos del Estado que buscan ser privatizadas, reestructuradas o cerradas. En los últimos meses, destacan los debates generados en torno a Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, ARSAT, Trenes Argentinos, entre otras.
Las dos nuevas empresas que buscará cerrar el Gobierno
Corredores Viales y la AGP son las dos nuevas empresas que están en la mira del Gobierno y serán susceptibles de ser privatizadas. Ambas se encuentran bajo la influencia del ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
En el caso de Corredores Viales, la misma es una sociedad anónima que registra 3.565 trabajadores contratados en blanco. Entre sus principales tareas, el organismo se hace cargo del mantenimiento y la reparación de 10 de las principales rutas y autopistas del país.
En total, la empresa cubre casi 6.000 kilómetros de corredores viales a lo largo y ancho del país. Su titular es, desde 2024, José Luis Acevedo.
Por otro lado, el Gobierno también busca avanzar sobre la Administración General de Puertos. La AGP fue creada en 1956, mediante el decreto-ley 4263/56. Entre sus principales funciones se encuentran la explotación administración y mantenimiento de todos los puertos marítimos y fluviales del país, a excepción de los que son responsabilidad de Prefectura Nacional Marítima y la Dirección Nacional de Aduanas.
En la actualidad, el organismo rector sobre los puertos cuenta con 581 empleados de planta permanente. Su titular es Gastón Alejo Benvenuto, quién tiene a cargo la administración del puerto de Buenos Aires y el Sistema de Navegación Troncal.
Según detallaron fuentes del oficialismo a este medio, desde el Gobierno consideran que estas empresas hacen un trabajo "redundante" con organismos y ministerios que ya existen. En este caso, detallaron que Corredores Viales se ocupa de las mismas áreas que la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que AGP duplica las funciones de la Secretaría de Puertos y Vías navegables.
Bajo esta justificación de desregular el Estado y bajo el discurso de mejorar la eficiencia en la utilización de recursos estatales, la administración de Milei se apalanca en el trabajo de los ministros Caputo y Sturzenegger para avanzar en el cierre y/o privatización de empresas en mano del Estado.
El conflicto con Aerolíneas Argentinas
Desde hace unos meses, el oficialismo mantiene un fuerte conflicto con los gremios de aeronavegantes. Ante las intenciones de Milei de avanzar con la privatización de la aerolínea de bandera, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLAS) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) llevaron a cabo, en las últimas semanas, diversas medidas - tales como paros o asambleas - en rechazo de la decisión del Presidente.
Cabe destacar que Aerolíneas Argentinas era una de las empresas incluidas en la ley Bases para declarar sujeta a privatización. Sin embargo, tras las negociaciones con la oposición, el oficialismo la dejó por fuera del listado final.
Sin embargo, y tras numerosos episodios de conflicto, en la última semana el Gobierno declaró como "sujeta a privatización" a la compañía aerocomercial. A través del Decreto 873/24 la administración nacional dio el primer paso para desprenderse de la empresa estatal. Entre los motivos, el Gobierno aseguró que "el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria".
El decreto ingresó el miércoles 2 de octubre a la Cámara de diputados, en donde continuará sujeto a debate de las comisiones en la Cámara baja. Será el organismo parlamentario el que, en las próximas semanas, defina el destino de la aerolínea de bandera.
Transporte: el Gobierno avanza con el cierre de DECAHF
En esta línea, otro de los tantos anuncios de cierre de empresas con los que avanzó el Gobierno en las últimas semanas, la administración nacional también confirmó que cerrará DECAHF, más conocida como Trenes Argentinos Capital Humano. Según detalló el oficialismo, esto significará un ahorro de $42.000 millones para el Estado.
La decisión comunicada también implicará el despido de 1.388 trabajadores. DECAFH se trataba de una de las 5 empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos. Su objetivo era "diseñar, organizar, promover y realizar actividades e asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos".
En conferencia de prensa, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, detalló: "hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAHF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias". Además, en el mismo anuncio el Gobierno sumó el cierre del Instituto Argentino del Transporte (I.A.T).
La privatización de AYSA
Por último, en esta etapa de profundización sobre la privatización y/o cierre de empresas estatales, el oficialismo tiene en mira un último candidato: se trata de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). En la actualidad, el 90% del capital de la compañía corresponde al Gobierno Nacional, mientras que el 10% restante se encuentra en manos del personal de la empresa.
De esta manera, una de las estrategias del oficialismo apunta a desprenderse, en el futuro cercano, de una parte de las acciones que posee. Esto podría llevarse a cabo bajo una licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones de la compañía, tal como ocurrió esta semana con Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) que fuera la primera privatización del gobierno.
La empresa tuvo pérdidas de $70.000 millones en lo que va del año, y cuenta con más de 7.000 empleados. Otras de las opciones del Gobierno sería lanzar a la Bolsa en marzo de 2025, y que sea el mercado financiero el que fije el valor de las acciones de la compañía.
Fuente: Ámbito
